El pasado jueves 18 de junio, el expresidente Álvaro Uribe reveló que la Fiscalía lo llamó a indagatoria por su presunta relación con tres masacres ocurridas en Antioquia en la década de 1990: El Aro, La Granja y San Roque. Estos hechos ensangrentaron el departamento en medio del terror paramilitar. La decisión judicial se produjo a dos días de la segunda vuelta presidencial, dividiendo las posturas en el país político.
Reacción de Iván Cepeda
El candidato presidencial Iván Cepeda calificó la indagatoria como un “avance significativo en la lucha contra la impunidad”. En un comunicado firmado por el senador y los abogados Miguel Ángel Del Río y Óscar Eduardo Ramírez, aseguraron que la vinculación formal del exmandatario constituye un avance judicial histórico. Destacaron que representa una esperanza para que los autores intelectuales de estos crímenes no queden en la impunidad, en línea con sentencias internacionales que ya condenaron al Estado colombiano por su responsabilidad en estos hechos.
“Este llamado constituye un avance significativo en la lucha contra la impunidad y una esperanza para que las víctimas y la sociedad puedan obtener verdad, justicia y reparación”, señaló Cepeda. En el proceso, el legislador interviene bajo la figura de “actor popular”, un mecanismo del ordenamiento jurídico colombiano que permite a cualquier persona involucrarse en un caso para exigir la reparación de daños, especialmente cuando los crímenes vulneran los intereses de una colectividad.
Postura de Gustavo Petro
El presidente Gustavo Petro le recordó a Uribe su pedido de acudir a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para hablar con la verdad y evitar un “suplicio” en los estrados judiciales. “Usted cubrirse con la verdad y ayudar al pueblo con la paz. [...] Vayamos a la Justicia Especial para la Paz y declaremos y aportemos al futuro de Colombia”, expresó el jefe de Estado.
Defensa de Uribe y críticas de Paloma Valencia
El expresidente Uribe señaló que no tiene garantías judiciales en un proceso que calificó como un “suplicio a pocas horas de elecciones”. Afirmó que la Fiscalía lo llamó a indagatoria “sin practicar todas las pruebas pedidas y decretadas, sin decretar otras. A una fiscal comisionada para practicar pruebas le ampliaron el plazo aún no cumplido”. Por su parte, Paloma Valencia, quien fue su candidata presidencial en primera vuelta, tildó la indagatoria de “injusticia” y acusó de utilizar la justicia “como una herramienta política”.
