Denuncia de Paloma Valencia por contratos entre Colpensiones y RTVC
La candidata presidencial Paloma Valencia, representante del Centro Democrático, ha presentado una contundente denuncia ante la opinión pública colombiana. Según sus declaraciones, existirían graves irregularidades en dos contratos suscritos entre Colpensiones y el sistema de medios públicos RTVC, cuyo monto total ascendería a la impactante cifra de $60.111 millones de pesos.
Detalles de los contratos cuestionados
El primer contrato, según la denuncia de Valencia, habría sido adjudicado de manera directa y sin proceso de licitación el 15 de diciembre de 2023, por un valor inicial de $13.804 millones. Este acuerdo estaba destinado a servicios de publicidad y mercadeo para la entidad pensionadora.
Sin embargo, lo que más preocupa a la candidata son las tres adiciones posteriores que habrían incrementado sustancialmente este contrato:
- 25 de junio de 2024: Adición por $6.000 millones
- 13 de diciembre de 2024: Adición por $11.252 millones
- 29 de agosto de 2025: Adición por $6.300 millones
Adicionalmente, el plazo de ejecución habría sido extendido hasta el 31 de diciembre de 2025, lo que según Valencia comprometería recursos de tres años fiscales diferentes, vulnerando así el principio de anualidad presupuestal establecido en la normatividad colombiana.
Segundo contrato bajo la lupa
La denuncia se extiende a un segundo contrato, firmado el 16 de julio de 2024, también adjudicado directamente y sin licitación por $9.795 millones. Este acuerdo tenía como objeto el diseño e implementación de una estrategia integral de marketing.
Este segundo contrato habría recibido una adición de $12.959 millones, y su vigencia también fue prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2025. Según la candidata, ambos contratos presentarían el mismo patrón de irregularidades.
Violación de límites legales
Paloma Valencia ha señalado que estas operaciones violarían flagrantemente la Ley 80 de 1993, que establece límites claros para las adiciones contractuales. Esta normativa permite incrementar el valor inicial de un contrato hasta un máximo del 50%.
En el caso de los contratos denunciados, las adiciones habrían superado ampliamente este límite, alcanzando porcentajes que sobrepasan el 100% del valor inicial, lo que constituiría una clara infracción a la normativa vigente sobre contratación estatal.
Solicitud de investigación urgente
Frente a este preocupante escenario, la senadora y candidata presidencial ha solicitado formalmente a las máximas autoridades de control del Estado que inicien investigaciones inmediatas:
- Procuraduría General de la Nación: Para determinar posibles responsabilidades disciplinarias
- Contraloría General de la República: Para establecer responsabilidades fiscales y verificar el manejo de los recursos públicos
Valencia exige que se investigue específicamente la posible violación del principio de anualidad presupuestal y las disposiciones de la Ley 80, así como la legalidad de los procedimientos de contratación directa utilizados en estos casos.
Contexto político y electoral
Esta denuncia se produce en un contexto electoral sensible, donde Paloma Valencia se prepara para enfrentar a otros candidatos en la denominada Gran Consulta por Colombia del próximo 8 de marzo. La candidata ha manifestado que su objetivo es garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos, especialmente aquellos provenientes del sistema de pensiones que afectan directamente a millones de colombianos.
La denuncia pone en evidencia las tensiones existentes en el sistema de contratación pública colombiano y plantea serias preguntas sobre los mecanismos de control y supervisión de las entidades estatales, particularmente en lo relacionado con la publicidad y mercadeo institucional.
