La investigación penal que involucra a la senadora Berenice Bedoya y al ministro del Interior Armando Benedetti sumó un nuevo capítulo con la aparición de Wilmar Mejía, exfuncionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Según documentos radicados ante la Fiscalía y la Corte Suprema, Mejía habría actuado como intermediario entre ambos durante el debate de la reforma a la salud.
La denuncia, presentada por el exsecretario de Transparencia Camilo Enciso, detalla que Mejía facilitó una reunión entre Bedoya y Benedetti el 10 de marzo de 2025. El objetivo era conocer la postura de la legisladora frente a proyectos del Ejecutivo, especialmente la reforma sanitaria. El escrito sostiene que estos acercamientos coincidieron con ofertas de cargos y contratos para allegados de la congresista.
Mejía ya figuraba en investigaciones por filtraciones de información reservada del DNI a disidencias de las Farc. Su presunto rol de enlace entre el Ejecutivo y el Congreso ahora se vincula con posibles delitos de tráfico de influencias y cohecho. La denuncia describe un entramado de favores políticos, contratos millonarios y nombramientos de familiares.
El expediente también vincula a Mejía con gestiones en Findeter, donde Bedoya habría impulsado una adición presupuestal de más de $3.500 millones para un acueducto en Yarumal, Antioquia, adjudicado en mayo de 2024. Se presentaron chats, documentos y registros de reuniones entre Bedoya y funcionarios de los ministerios de Vivienda y Findeter para monitorear licitaciones.
Entre los familiares citados están su yerno Johan Steven Londoño, subgerente de proyectos del Fondo de Adaptación; su nuera María Alejandra Torres, supervisora en La Mojana; y sus hijos Julián David Bedoya y Jessica Valeria Casas, contratados por el Ministerio del Interior en 2025. La justicia busca determinar si estos nombramientos fueron una contraprestación por su apoyo legislativo.
La denuncia de Enciso incluye pruebas documentales y el testimonio del exasesor Sergio Mesa, quien afirmó que a Bedoya se le ofreció el control de la Dirección Nacional de Bomberos y Finagro. Según el denunciante, existen pruebas de filtración de documentos de licitaciones para direccionar contratos.
