Cuarto aniversario del aborto legal en Colombia: movilizaciones exigen implementación plena
Con pañuelos verdes y consignas a favor del derecho a decidir, organizaciones feministas se congregaron frente al Palacio de Justicia en Bogotá para conmemorar el cuarto aniversario de la histórica sentencia que despenalizó el aborto en Colombia. La jornada estuvo marcada por fuertes llamados a garantizar la aplicación efectiva de este derecho en todo el territorio nacional y a eliminar las barreras que, según denunciaron, persisten dentro del sistema de salud colombiano.
La sentencia que transformó el panorama legal
La decisión judicial, adoptada mediante la sentencia C-055 de 2022, eliminó el delito de aborto hasta la semana 24 de gestación. Después de ese plazo, mantuvo vigentes las tres causales establecidas desde 2006: riesgo para la vida o la salud de la mujer, embarazo producto de violencia sexual, o malformaciones incompatibles con la vida extrauterina.
"Tener el derecho a elegir se ha traducido en que las mujeres puedan acceder a un servicio de salud básico garantizado", declaró Angélica González, del Centro de Derechos Reproductivos y vocera del movimiento Causa Justa. Según las organizaciones convocantes, este fallo constitucional representó un cambio radical frente al marco anterior establecido por la sentencia C-355 de 2006, que solo permitía la interrupción voluntaria del embarazo bajo las tres causales mencionadas.
Barreras persistentes y controversias recientes
La conmemoración coincidió con el reciente veto del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, al Acuerdo 340 aprobado por el Concejo de la ciudad. Organizaciones sociales y médicas han alertado que este acuerdo incluía requisitos que podían convertirse en obstáculos adicionales para las mujeres que buscan acceder al procedimiento.
"Una de las barreras más frecuentes ha sido la hipermedicalización del aborto, tratándolo como si fuera un problema de salud mental y exigiendo valoraciones psiquiátricas obligatorias", explicó Laura Gil, directora del Grupo Médico por el Derecho a Decidir. Gil enfatizó que abortar "no es una patología, es el ejercicio de la libertad de conciencia", y consideró que cualquier iniciativa que pretenda condicionar la decisión de las mujeres desconoce su autonomía y contraviene la jurisprudencia constitucional vigente.
Las organizaciones han documentado múltiples dificultades en la implementación:
- Demoras injustificadas en la atención
- Remisiones innecesarias entre instituciones
- Solicitud de documentos no contemplados en la normativa
- Diferencias significativas en la aplicación del fallo entre regiones
Retos pendientes en el sistema de salud
Para activistas y organizaciones sociales, el desafío actual consiste en consolidar el derecho dentro del sistema de salud y ampliar su alcance en todo el territorio nacional. Diana Iben Díaz, activista por el derecho al aborto, afirmó: "La sentencia C-055 sí constituyó un avance significativo en materia de derechos frente a la que teníamos previamente. Sin embargo, todavía falta mucho terreno, porque el hecho de que exista una despenalización a nivel normativo no significa necesariamente que todo el país avance de manera equitativa en la garantía de derechos".
Díaz subrayó la necesidad urgente de:
- Fortalecer la formación de profesionales de la salud
- Ampliar la difusión de lineamientos técnicos y clínicos
- Garantizar mayor compromiso de las entidades territoriales
- Involucrar activamente a la academia en la preparación de nuevos profesionales
Hacia una despenalización completa
Las organizaciones también plantearon la necesidad de revisar el marco legal posterior a la semana 24, cuando el aborto solo puede practicarse bajo las tres causales establecidas desde 2006. En este sentido, las activistas sostienen que se debe avanzar hacia una despenalización completa, donde no medie ningún requisito por encima de la voluntad de la persona gestante.
En el cuarto aniversario de la sentencia C-055, los colectivos convocantes reiteraron su llamado a las autoridades nacionales y territoriales para que garanticen la prestación del servicio sin obstáculos y con enfoque territorial adecuado. El debate sobre el alcance y aplicación de este derecho fundamental continúa desarrollándose en múltiples escenarios institucionales y sociales a lo largo y ancho del país, mientras las mujeres colombianas siguen luchando por el pleno ejercicio de sus derechos reproductivos.
