La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión del año 2025, con un capítulo crítico sobre Colombia que advierte sobre asesinatos, atentados y amenazas contra periodistas, especialmente en zonas de conflicto armado y contextos de violencia de género.
Clima de autocensura y amenazas
Según el informe, un estudio reciente aplicado en 34 municipios revela que "el 24 % de los medios recibió amenazas para suspender coberturas y el 35 % evitó publicar información por seguridad". Los testimonios reflejan un clima de silencio impuesto por grupos armados sobre economías ilegales y orden público, consolidando la autocensura como mecanismo de autoprotección entre periodistas locales.
Asesinatos de periodistas
Uno de los casos más graves es el asesinato de Óscar Gómez Agudelo en Armenia (Quindío), ocurrido el 24 de enero de 2024, cuando un sujeto armado lo atacó mientras se dirigía a la emisora Rumba del Café 92.1 FM. La Relatoría Especial indicó que recibió información sobre "un aumento del temor entre periodistas locales, con posibles efectos de autocensura".
En 2025 se registraron los asesinatos de Diomedes Farid Manrique, locutor en Maicao (La Guajira), y de la periodista María Victoria Correa Ramírez en Envigado (Antioquia). En este último caso, una persona fue condenada como autor intelectual, pero el informe detalla que no se ha establecido si sus muertes están vinculadas con el ejercicio periodístico.
Violencia extendida y presión digital
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) advierte que la violencia contra la prensa se extiende a varias regiones, afectando especialmente a periodistas y emisoras en zonas de conflicto. Grupos armados presionan a reporteros mediante WhatsApp, Telegram y otras redes sociales para difundir contenidos. También se han identificado perfiles en Facebook usados para amenazar, "sin que la Fiscalía ni la Policía Nacional hayan adoptado medidas efectivas".
La CIDH mencionó el caso del periodista Edward Fabián Álvarez Rivera, de La Chiva de Urabá, quien desde febrero de 2025 recibió amenazas de muerte en redes sociales. "Un presunto comandante del ELN, alias 'El Tigre', le exigió eliminar dos publicaciones, lo que obligó al periodista a abandonar la subregión del Urabá antioqueño", explicó la Comisión.
Estigmatización desde el Ejecutivo
La Relatoría Especial señaló que la violencia no solo ocurre en el conflicto armado: "Se han registrado reportes de que personas funcionarias públicas, principalmente el Presidente de la República, han calificado a ciertos medios y periodistas como 'desinformadores', 'mentirosos', 'criminales', 'vagabundos', 'cooptados', 'de oposición' u 'oligárquicos', con el aparente propósito de desacreditar su labor".
El informe también observa que las periodistas mujeres siguen siendo blanco de agresiones digitales con componente de violencia de género. Como ejemplo, el 29 de julio de 2025, el presidente Gustavo Petro calificó a la periodista Diana Saray Giraldo como "criminal" y se refirió a las mujeres periodistas como "muñecas de la mafia".
Cuestionamientos a investigaciones periodísticas
La CIDH mencionó la investigación sobre los archivos de alias "Calarcá" presentada por Noticias Caracol, donde el presidente cuestionó la labor del medio calificándola de "falsa" y con "errores". Petro afirmó que el medio "miente" y "construye fetiches para la venta de mercancías políticas", y señaló al periodista Ricardo Calderón de no contrastar fuentes y de "construir falsedades". Para la CIDH, estos señalamientos son graves y reprochables.
Procesos judiciales contra periodistas
La CIDH registró la apertura de procesos judiciales contra periodistas que investigan asuntos de interés público, como presuntos casos de corrupción, con el aparente propósito de intimidar. Mencionó el caso de los periodistas Rafael Prieto Zartha y Carlos Alberto Vélez, fundadores del medio digital Amigos de Paipa, quienes denunciaron una campaña de acoso promovida por funcionarios de la alcaldía de Paipa (Boyacá). El alcalde presentó una acción de tutela y promovió audiencias judiciales, multas y órdenes de arresto, estigmatizándolos públicamente. La CIDH señaló que el uso del derecho penal como represalia constituye un "medio indirecto de censura".
Violencia de género y discriminación
La Relatoría Especial recibió reportes de agresiones contra mujeres periodistas y participantes en la vida política. Se destacó la denuncia del ministro del Interior, Armando Benedetti, contra seis congresistas por presuntos delitos de injuria y calumnia tras señalamientos por violencia de género. La FLIP alertó sobre un patrón de ataques a mujeres periodistas en entornos digitales. La Corte Constitucional reconoció que los discursos constitutivos de violencia de género no están amparados por la libertad de expresión, aunque los servidores públicos deben tolerar mayor crítica sobre su gestión.
"Las prácticas discriminatorias afectan de manera especialmente grave a las mujeres que ejercen activamente la libertad de expresión, como periodistas, defensoras de derechos humanos y políticas. Estos grupos son doblemente atacados por ejercer la libertad de expresión y por su género", concluyó la CIDH.
