Clan del Golfo estigmatiza al Cinep en medio de tensiones por Zonas de Ubacación en Chocó
Las recientes amenazas y señalamientos por parte del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), autodenominado Clan del Golfo, contra el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) han generado una reacción inmediata de organizaciones sociales del departamento del Chocó, la Defensoría del Pueblo y el propio centro de investigación. Las entidades alertaron sobre los graves riesgos que este tipo de estigmatizaciones implica para defensores de derechos humanos y comunidades vulnerables en territorios afectados por el conflicto armado.
Origen de la polémica en redes sociales
La controversia se originó luego de que el Clan del Golfo difundiera mensajes en la red social X en los que vinculaba sin pruebas al Cinep con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las afirmaciones, algunas de las cuales fueron posteriormente borradas de la cuenta oficial del grupo armado, fueron calificadas como completamente infundadas por organizaciones territoriales y por el centro de investigación, que durante más de cinco décadas ha documentado dinámicas del conflicto armado y acompañado procesos comunitarios en todo el país.
Este episodio ocurre en un momento de alta tensión en el Chocó, donde comunidades y organizaciones sociales han cuestionado, a través de una carta que justamente firmaba el Cinep, la posibilidad de que el Gobierno establezca una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para integrantes del Clan del Golfo, con quien mantiene un proceso de paz desde septiembre de 2025. Líderes locales han advertido reiteradamente que cualquier decisión sobre el territorio debe contar con la participación activa y efectiva de las comunidades directamente afectadas por el conflicto armado.
Pronunciamientos de organizaciones territoriales
En un comunicado público fechado el 26 de febrero en Quibdó, pero dado a conocer hasta el pasado 2 de marzo, las organizaciones étnico-territoriales del departamento sostienen que el proceso de paz no puede seguir adelante sin condiciones claras, participación efectiva y garantías reales para las comunidades. Para estas organizaciones, avanzar en la definición de una ZUT sin consulta previa ni mecanismos formales de participación no solo vulnera derechos territoriales ancestrales, sino que arriesga seriamente la legitimidad del proceso de paz en su conjunto.
En otro comunicado público divulgado el 6 de marzo desde Quibdó, organizaciones sociales, étnico-territoriales, de mujeres y de derechos humanos rechazaron de manera unánime lo que calificaron como "señalamientos infundados" contra el Cinep. Según el pronunciamiento conjunto, estas acusaciones "carecen de fundamento y representan un riesgo grave para la seguridad y la legitimidad del trabajo" que el centro ha desarrollado durante décadas acompañando a comunidades y produciendo investigación rigurosa sobre el conflicto armado colombiano.
Advertencias sobre consecuencias peligrosas
Las organizaciones también advirtieron que vincular a organizaciones civiles con grupos armados "sin evidencia alguna" no solo distorsiona la realidad del territorio, sino que expone directamente a investigadores, líderes sociales y comunidades enteras a posibles represalias en zonas donde persisten dinámicas de control armado y presencia de actores ilegales. Esta situación se agrava en contextos donde históricamente se han registrado ataques contra defensores de derechos humanos.
Posición institucional de la Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo de Colombia también se pronunció oficialmente sobre el caso y rechazó categóricamente la estigmatización contra el Cinep y las organizaciones con las que trabaja en los territorios. La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que este tipo de señalamientos "no solo vulnera su derecho al buen nombre, sino que pone en riesgo la vida y la integridad física y psicológica de las personas que trabajan en la defensa de derechos humanos".
Marín añadió con preocupación: "Demasiados defensores, defensoras, lideresas, líderes han sido asesinados o silenciados en Colombia como para tomar a la ligera estos hechos". Además, recordó que Colombia tiene una larga y dolorosa historia de violencia contra defensores de derechos humanos, y que el propio Cinep sufrió en los años noventa el asesinato de los investigadores Mario Calderón y Elsa Alvarado, un crimen que marcó profundamente al movimiento de derechos humanos en el país.
Reacción de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz
La Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz también se pronunció a través de su cuenta oficial en X, expresando su "profunda preocupación" por las declaraciones del Clan del Golfo sobre el trabajo de las organizaciones sociales. En su comunicado, la entidad manifestó: "Nuestro rechazo a toda forma de estigmatización o señalamiento proveniente de estructuras ilegales o de cualquier otro actor que pretenda deslegitimar el trabajo que por décadas han desarrollado organizaciones, instituciones o colectivos en la defensa de los DD. HH., la democracia y la paz en los territorios".
Respuesta oficial del Cinep
Por su parte, el Cinep rechazó "de manera categórica" las acusaciones y aseguró que no tiene ni ha tenido vínculos con actores armados ilegales. La organización señaló: "El intento de asociarnos con un grupo armado constituye una afirmación falsa e irresponsable que no solo afecta nuestro buen nombre, sino que pone en riesgo a nuestro equipo y a las comunidades étnicas y campesinas que acompañamos".
El centro recordó que lleva más de cinco décadas trabajando ininterrumpidamente en defensa de los derechos humanos y en la construcción de paz en Colombia, y que ha participado activamente en procesos vinculados al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creado tras el Acuerdo de Paz de 2016. Entre sus múltiples labores, el Cinep ha acompañado a comunidades en la elaboración de informes para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, ha apoyado procesos de búsqueda de personas desaparecidas junto con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, y representa judicialmente a víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz.
El caso evidencia las complejas dinámicas que persisten en territorios como el Chocó, donde procesos de paz, presencia de grupos armados y trabajo de organizaciones de derechos humanos se entrelazan en contextos de alta vulnerabilidad para las comunidades y sus defensores.
