Líderes sociales alertan sobre riesgos de violencia y temor frente a las elecciones
Con un promedio de 13 homicidios mensuales durante 2025, las organizaciones sociales advierten sobre graves riesgos de violencia e intimidación que podrían afectar las garantías electorales y la participación ciudadana en las próximas votaciones. Los datos preliminares de la Comisión Colombiana de Juristas revelan que 156 líderes y defensores de derechos humanos fueron asesinados el año pasado, lo que mantiene en alerta máxima a las comunidades más afectadas por el conflicto armado.
Regiones en máxima alerta electoral
Organizaciones de Cauca, Norte de Santander y Chocó han señalado que la presencia de grupos armados ilegales, combinada con la débil presencia institucional y el temor generalizado en las comunidades, está generando una preocupante incertidumbre frente a las jornadas de votación legislativa y presidencial. "Estamos alertas a los enfrentamientos que se puedan presentar previo a las elecciones y que puedan intimidar a la gente", indicó la Asociación Campesina de Inzá Tierradentro durante un espacio de conversación organizado por la embajada británica y la Comisión Colombiana de Juristas.
La Defensoría del Pueblo ha advertido en su Informe de Seguimiento a la Alerta Temprana Electoral 013 de 2025 sobre la permanencia de escenarios de amenaza y control armado en varias zonas del país. Iris Marín Ortiz, Defensora del Pueblo, señaló que el riesgo principal no es la cancelación de las votaciones, sino la consolidación de una democracia meramente formal en algunas regiones que ignora el silencio obligado de las comunidades ante la gobernanza de los grupos armados.
Violencia persistente contra líderes sociales
Aunque la cifra de 156 homicidios representa una reducción frente a 2024, la Comisión Colombiana de Juristas advierte que las dinámicas de violencia persisten y presentan aumentos preocupantes en algunos territorios específicos. Los liderazgos sociales continúan siendo blanco de homicidios selectivos y amenazas constantes, convirtiéndose en una población especialmente vulnerable durante todo el periodo electoral.
La Misión de Observación Electoral también ha alertado sobre el impacto del conflicto en el proceso democrático. Según su informe Mapas y Factores de Riesgo Electoral 2026, el 27,4% de los municipios con riesgo por injerencia armada pertenece a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. Este contexto ha generado autocensura y menor visibilidad de los liderazgos sociales, afectando directamente el ambiente electoral en regiones históricamente vulnerables.
Presión armada en el Cauca busca desincentivar participación
En el departamento del Cauca, la presencia de disidencias de las Farc, el Eln y estructuras de delincuencia organizada ha intensificado los hechos de violencia en al menos 12 municipios. La Asociación Campesina de Inzá Tierradentro, referente nacional por su labor en defensa de derechos campesinos y educación rural, denuncia el aumento de amenazas contra sus integrantes y rechaza el reciente asesinato del líder social y juvenil Belarmino Guejia, ocurrido el 22 de febrero en Cajibío.
"Si hay presencia militar, la población puede quedar en medio de enfrentamientos; pero si no la hay, los grupos armados siguen atemorizando a la gente para que no vote", señaló una lideresa de la región. Según explican las organizaciones, la presión no necesariamente busca favorecer a candidatos específicos, sino desincentivar la participación ciudadana mediante el miedo y la intimidación sistemática.
Crisis humanitaria agrava situación en el Catatumbo
En la región del Catatumbo, en Norte de Santander, la situación humanitaria se ha agravado significativamente por los enfrentamientos entre el Eln y el Frente 33 de las disidencias de las Farc. La Defensoría del Pueblo advierte que la crisis se intensificó desde enero de 2025, tras la escalada de violencia y la suspensión de los diálogos de paz con esa guerrilla. El municipio de Tibú y sus corregimientos Versalles, Filo Gringo y 20 de julio representan puntos críticos donde se han registrado desplazamientos masivos y bombardeos recientes.
Según datos de Naciones Unidas, cerca de 100.000 personas han sido desplazadas en el último año en la región como consecuencia directa del conflicto armado. "Es una situación muy preocupante. Quienes están pagando la guerra son las madres y la población civil", afirmó una lideresa de Madres del Catatumbo por la Paz, organización que ha logrado rescatar a aproximadamente 205 menores de edad del reclutamiento forzado.
Control territorial y confinamiento en el Chocó
En el departamento del Chocó, la presencia del Eln y el 'clan del Golfo' mantiene un control territorial que afecta directamente las libertades democráticas. La población civil enfrenta recurrentes paros armados y restricciones a la movilidad, como el ocurrido en julio de 2025 que afectó el abastecimiento de alimentos y las clases escolares. El reclutamiento forzado de menores sigue siendo una de las mayores preocupaciones, obligando a muchas familias a desplazarse hacia cabeceras municipales o ciudades más grandes.
"Es el departamento de Colombia con mayor nivel de confinamiento en relación con su población", señaló una lideresa de la Red Departamental de Mujeres Chocoanas, quien pidió reserva de su identidad por razones de seguridad. Aunque en municipios principales la actividad política se desarrolla con relativa normalidad, en zonas del medio y alto Atrato, así como en áreas rurales del Pacífico, el control armado genera mayores restricciones y un temor generalizado que limita la participación electoral.
Las organizaciones sociales coinciden en que, a pesar de este complejo contexto, se observa un mayor interés ciudadano frente a procesos electorales anteriores. Sin embargo, persisten las preocupaciones por las condiciones de seguridad, especialmente el día de las votaciones, donde la presencia de grupos armados podría intimidar a votantes y limitar el ejercicio democrático en regiones históricamente afectadas por el conflicto.
