Colombia enfrenta una crisis electoral sin precedentes
El panorama político colombiano se encuentra en un punto crítico donde las urnas ya no representan solamente un mecanismo de participación ciudadana, sino que se han convertido en territorio en disputa. Con las jornadas electorales acercándose rápidamente, la preocupación central ha dejado de ser únicamente qué candidatos compiten o cuáles son sus propuestas, para enfocarse en las condiciones bajo las cuales los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto de manera libre y segura.
Municipios en riesgo extremo aumentan un 65,3%
Los datos son alarmantes: la Misión de Observación Electoral (MOE) ha identificado 170 municipios con riesgo coincidente por factores indicativos de fraude electoral y violencia política. Esta cifra representa un incremento del 29,7% frente al mismo análisis realizado en 2022. Más preocupante aún es que los municipios considerados en riesgo extremo pasaron de 49 a 81 en ese mismo período, lo que significa un salto del 65,3%.
En estas regiones de alta vulnerabilidad residen aproximadamente 4,5 millones de votantes, lo que equivale al 11% del censo electoral nacional. Esta cifra, que no puede ser minimizada, representa una porción significativa de la población con derecho al voto que podría ver comprometida su capacidad de participar libremente en el proceso democrático.
Focos críticos de violencia y fraude electoral
Las zonas más afectadas comprenden:
- Arauca y el nordeste antioqueño
- El sur de Bolívar y el andén Pacífico
- El norte del Cauca, donde 19 de sus municipios se encuentran en riesgo extremo
- El suroriente del país (Meta, Caquetá y Guaviare), donde todos los municipios están en alerta máxima por violencia
- El medio y bajo Putumayo, con situaciones igualmente complejas
En estos territorios convergen anomalías históricas en participación electoral, altos porcentajes de votos nulos y un dominio electoral ejercido por estructuras armadas ilegales que disputan el control de economías ilícitas. Particularmente preocupante es la situación en el Catatumbo, epicentro de una crisis humanitaria desde comienzos de 2025, que se ha convertido en símbolo de un Estado que no logra garantizar condiciones básicas de seguridad.
Violencia política que desnaturaliza la democracia
La violencia ha desnaturalizado completamente la contienda electoral, contradiciendo el discurso oficial que intenta presentar una situación normalizada. El asesinato del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay marcó un punto de quiebre que el país aún no supera, al que se suman otros graves incidentes:
- El ataque contra el representante Julio Triana en el Huila
- El atentado en Arauca contra el esquema del senador Jairo Castellanos, que resultó en la muerte de dos de sus escoltas
- El secuestro temporal de la senadora Aida Quilcué en el Cauca
En estos contextos de alta conflictividad, los ciudadanos no solo enfrentan el riesgo de que los resultados electorales sean manipulados, sino el miedo directo a convertirse en víctimas de la violencia política. En tales condiciones, hablar de deliberación libre y ejercicio democrático se convierte en una ilusión.
Respuesta institucional y desafíos pendientes
Frente a este panorama desolador, diversas instituciones han implementado iniciativas para blindar los comicios:
- La Paz Electoral liderada por Procuraduría, Registraduría y Contraloría, que busca implementar control preventivo, pedagogía y garantías de seguridad
- La Defensoría del Pueblo y la MOE, en colaboración con la Iglesia, ONU y OEA, trabajan por un "proceso electoral libre y en paz"
- El Plan Democracia, a cargo del Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares y Policía, ya ha sido desplegado en todo el territorio nacional
El fraude y la violencia operan como una pinza que ataca la democracia desde dos frentes: mientras el primero distorsiona los resultados electorales, la segunda condiciona la voluntad de los votantes antes de que estos depositen su sufragio. Ambos fenómenos minan la legitimidad de origen de las autoridades y alimentan la desconfianza en las instituciones democráticas.
La verdadera prueba democrática
La defensa de la democracia colombiana no puede limitarse al día de las elecciones. Exige una presencia integral del Estado en los territorios más vulnerables, protección efectiva a aspirantes y líderes políticos, garantías para el ejercicio periodístico y vigilancia estricta a las prácticas clientelares y a la financiación de campañas, con exigencia de máxima transparencia.
Por encima de todo, requiere ciudadanos dispuestos a defender su derecho al voto libre. Socavar el orden democrático resulta relativamente fácil en contextos de violencia e ilegalidad; sostenerlo, en medio de riesgos y amenazas constantes, constituye la verdadera prueba para cualquier sociedad que se precie de ser democrática.
Una democracia con votantes condicionados en las urnas es, en esencia, una farsa. La legitimidad del proceso electoral se sustenta únicamente en la aceptación y confianza ciudadana de que los comicios son libres, transparentes, justos e imparciales. Con apenas 26 días restantes para las votaciones de marzo, el país enfrenta una carrera contra el tiempo para garantizar condiciones mínimas que permitan un ejercicio democrático auténtico.
