Alerta máxima en 170 municipios por riesgo de fraude y violencia electoral
Con apenas días para las elecciones del 8 de marzo, la tensión política en Colombia alcanza niveles preocupantes mientras las instituciones enfrentan el desafío de garantizar comicios transparentes y seguros. La polarización que divide al país no muestra señales de disminuir, y las alertas se multiplican en diversas regiones donde convergen múltiples factores de riesgo.
Análisis técnico revela zonas críticas
Un estudio académico elaborado por el programa de Ciencia Política de la Universidad de San Buenaventura, basado en información de la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Registraduría Nacional, ha identificado 170 municipios con riesgo coincidente de fraude y violencia electoral. De esta cifra alarmante, 81 localidades presentan condiciones consideradas extremas, excluyendo a Bogotá de este análisis.
Estas zonas de alto riesgo concentran aproximadamente 4,5 millones de votantes, lo que equivale a cerca del 11% del censo electoral nacional. La profesora Margarita Martínez, docente de la institución, aclaró que estas cifras no predicen necesariamente la comisión de delitos, pero sí dimensionan dónde la acción institucional y la vigilancia ciudadana pueden resultar decisivas.
Complejidad logística sin precedentes
La dimensión del proceso electoral explica en parte la preocupación generalizada. Según datos oficiales de la Registraduría Nacional, 41.287.084 personas están habilitadas para votar, distribuidas en 13.746 puestos y 125.259 mesas tanto dentro como fuera del territorio colombiano.
Además de elegir los miembros del Congreso, los ciudadanos participarán en tres consultas interpartidistas presidenciales, lo que incrementa significativamente la complejidad logística y política de la jornada. Esta multiplicidad de procesos eleva proporcionalmente la importancia de garantizar transparencia y confianza institucional en cada etapa.
Delimitando el fraude electoral
Frente a la recurrente pregunta sobre cuándo una práctica de campaña irregular cruza la línea hacia un delito electoral, la profesora Martínez explicó que no toda conducta polémica constituye una infracción penal. Sin embargo, sí lo es cuando se afecta la libertad del votante, la transparencia de la votación o la integridad del resultado final.
"Las autoridades recuerdan que estas conductas pueden presentarse antes, durante o después de la jornada electoral", manifestó la académica. Entre las irregularidades más comunes se encuentran:
- Compra o venta de votos
- Traslado irregular de votantes
- Amenazas y constreñimiento
- Obstrucción de comicios
- Financiación ilegal de campañas
En muchos casos, las señales son visibles para los ciudadanos comunes, desde ofrecimientos de dinero o favores hasta presiones directas para apoyar a candidatos específicos.
Reacción institucional: clave para la legitimidad
El énfasis del informe académico está en la reacción inmediata y segura frente a cualquier irregularidad detectada. La recomendación principal es evitar la confrontación directa y priorizar la seguridad personal, registrando información básica sobre lo ocurrido y alertando a las autoridades presentes en el puesto de votación si el hecho está sucediendo en ese momento.
Posteriormente, la denuncia formal debe realizarse a través de los canales oficiales habilitados por la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior. "Para denunciar no hace falta ser abogado ni saber el nombre exacto del delito", aclaró Martínez. "Lo clave es contar con claridad sobre qué pasó, entendiendo que este es un ejercicio que se construye entre todos".
Nuevos riesgos en entornos digitales
Desde la Universidad de San Buenaventura también advirtieron sobre un riesgo creciente en espacios digitales, particularmente por la circulación de cadenas o audios sin verificación adecuada. Los investigadores indicaron que no todo mensaje viral constituye una denuncia válida, y que compartir información sin datos verificables puede aumentar significativamente la desinformación.
"Es recomendable confirmar lugar, hora y hechos concretos antes de difundir contenidos relacionados con posibles irregularidades electorales", recomendó la profesora Martínez. Esta precaución resulta especialmente importante en contextos marcados por polarización política y tensiones regionales que pueden exacerbar la circulación de información falsa.
Antecedentes que preocupan
Cabe recordar que la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea reportó en 2022 indicios de compra de votos en el 7% de las mesas observadas durante las elecciones legislativas de ese año. Esta referencia histórica, aunque no debe extrapolarse automáticamente al presente, deja claro que la vigilancia temprana y la reacción institucional coordinada representan una necesidad inaplazable en la próxima cita de los colombianos con la democracia.
El ambiente político del país se mueve actualmente entre la expectativa democrática y las alertas institucionales, no solo por la posibilidad de un giro ideológico en el mando desde la Casa de Nariño, sino porque la polarización persiste y las tensiones regionales demandan atención urgente. En este contexto, la legitimidad de los comicios dependerá en gran medida de la capacidad de respuesta de las instituciones y la vigilancia activa de la ciudadanía.
