Denuncia por presunta compra de votos en Córdoba toma giro inesperado
Desde las redes sociales del presidente Gustavo Petro se difundió una grave denuncia sobre una oferta ilícita: conseguir mil votos para una candidata al Senado a cambio de 100 millones de pesos. Inicialmente, se señaló que el involucrado sería un registrador del departamento de Córdoba, pero una investigación exhaustiva de EL TIEMPO ha revelado una realidad diferente.
La verdadera identidad del acusado
El hombre al que la candidata por el Frente Amplio, Ana Cristina Muñoz, identifica como autor de la propuesta ilegal no es registrador departamental, sino uno de los aproximadamente 30.000 supernumerarios que la Registraduría Nacional contrató por apenas tres semanas para apoyar la logística de las elecciones legislativas del 8 de marzo.
"Sí me reuní con ella en dos ocasiones", admitió el supernumerario en conversación con este medio, aunque su versión de los hechos presenta diferencias significativas con la de la candidata. La identidad del funcionario temporal se mantiene en reserva mientras la Fiscalía determina si judicializa el caso por delitos electorales.
Versiones contradictorias sobre los encuentros
Según el supernumerario, el primer contacto ocurrió en un parque de Montería donde Muñoz realizaba campaña. "Ella estaba dando un discurso, buscando líderes para su candidatura. Yo me acerqué, como muchas otras personas, y le di mi número", relató.
Sin embargo, es sobre el segundo encuentro donde las versiones divergen radicalmente. Mientras Muñoz asegura que fue el empleado de la Registraduría quien la citó para solicitarle el dinero, el supernumerario afirma lo contrario: "Ella fue la que me marcó a mí, me dijo que si podíamos encontrarnos y nos vimos en un centro comercial, en una cafetería".
La evidencia presentada por la candidata
Ana Cristina Muñoz ha proporcionado a la Fiscalía chats que, según ella, respaldan sus acusaciones. En estas conversaciones aparecen cifras y porcentajes relacionados con la supuesta oferta de conseguirle los mil votos. Además, la candidata afirma poseer grabaciones y fotografías del encuentro donde se habría solicitado el dinero.
"Yo tengo una grabación y fotos de la reunión en la que me citó para pedirme plata a cambio de votos", declaró Muñoz, quien ya interpuso dos denuncias formales ante el ente acusador.
La explicación del supernumerario
Frente a las acusaciones sobre el tema del dinero, el funcionario temporal ofreció una explicación sorprendente: "Yo le dije por molestar que por acá en la costa mil votos le valían como 1.000 millones de pesos, en esta zona está esa costumbre de que los votos los bonifican como con 200 o 300 mil pesos. Pero yo nunca le pedí plata".
Esta declaración contrasta marcadamente con la seriedad de las acusaciones y la evidencia presentada por la candidata.
Consecuencias electorales y legales
Muñoz, quien obtuvo 622 votos en las elecciones legislativas, asegura que después de realizar la denuncia pública el 8 de marzo, "los votos no aparecieron en el conteo". Además, ha manifestado haber recibido amenazas en Córdoba desde que hizo pública la situación.
La denuncia ya figura en el sistema penal de la Fiscalía bajo el delito de tráfico de votos, mientras el ente investigador revisa las grabaciones y fotografías aportadas por la candidata para determinar si proceden medidas contra el supernumerario.
Contratación temporal bajo escrutinio
La investigación de EL TIEMPO confirmó que el funcionario fue contratado específicamente del 3 al 12 de marzo como supernumerario de la Registraduría, es decir, de forma transitoria para suplir vacancias o atender necesidades puntuales de la entidad electoral.
Este caso ha puesto en evidencia el sistema de contratación temporal masiva que implementa la Registraduría durante procesos electorales y cómo personas en estas posiciones podrían, presuntamente, involucrarse en actividades ilícitas.
La situación ha generado preocupación sobre los mecanismos de control y supervisión aplicados a los miles de supernumerarios contratados para apoyar las elecciones, especialmente en regiones donde históricamente se han denunciado prácticas de compra de votos.
