Defensoría del Pueblo y MOE evalúan avances en compromiso electoral para 2026
La Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral (MOE) han presentado el primer balance del "Compromiso por un proceso electoral libre y en paz" de cara a las elecciones de 2026. El análisis se centró especialmente en el tono de las campañas políticas, la difusión de información verificable y los riesgos de estigmatización durante el periodo preelectoral.
El mensaje institucional fue claro y directo: el lenguaje y la forma de competir constituyen elementos fundamentales para garantizar condiciones mínimas en cualquier proceso electoral democrático. Esta premisa guió toda la evaluación realizada por ambas entidades.
Metodología y alcance del seguimiento
El documento revisó minuciosamente el comportamiento público de las precandidaturas presidenciales entre el 15 de julio y el 15 de diciembre de 2025. Los objetivos principales de esta medición incluían:
- Evaluar la evitación de mensajes violentos en el discurso político
- Analizar el cuidado de la conversación pública
- Verificar la no amplificación de datos no verificados
Este seguimiento contó con el acompañamiento de la Conferencia Episcopal de Colombia y el apoyo de importantes instancias internacionales como:
- Naciones Unidas (ONU)
- Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA)
- Misión de Verificación de la ONU en Colombia
Resultados diferenciados según compromiso
El reporte establece una clara distinción entre las precandidaturas que se sumaron al compromiso formal y aquellas que no lo hicieron. En las precandidaturas suscriptoras, el nivel de avance reportado alcanzó un significativo 81,7% en el cumplimiento de los parámetros evaluados.
Por contraste, en las precandidaturas que no firmaron el compromiso, el informe midió la alineación con el espíritu del acuerdo y registró un 56,4%. La lectura práctica de estos datos indica que existe un mayor cumplimiento donde hay un compromiso explícito, mientras que se evidencia una brecha importante cuando ese marco no se adopta como regla de campaña.
Áreas críticas y principales preocupaciones
El bloque con peor desempeño en la evaluación correspondió al debate plural y democrático. En esta categoría se agrupan pautas fundamentales como:
- Uso de lenguaje público respetuoso
- Reducción de la estigmatización política
- Respaldo de afirmaciones con información verificable
En los resúmenes divulgados del informe, este componente aparece como el más rezagado, ubicándose alrededor de la franja del 40% al 45%. La preocupación institucional se concentra en un patrón repetido durante las campañas: acusaciones graves sin sustento adecuado, señalamientos que se amplifican rápidamente y piezas informativas que circulan más rápido que los procesos de verificación.
Implicaciones para votantes y campañas
Para el votante colombiano, este no es simplemente un asunto de estilo político. Cuando el debate público se deteriora, se reducen significativamente las posibilidades de comparar propuestas programáticas y aumenta el ruido informativo que dificulta la toma de decisiones fundamentadas.
Para las campañas políticas, las consecuencias son tanto reputacionales como operativas. Una estrategia basada en ataques personales y datos sin respaldo adecuado puede competir por atención mediática, pero también deja una trazabilidad pública negativa y eleva considerablemente el nivel de conflicto en el escenario político.
La premisa fundamental del seguimiento realizado por la Defensoría y la MOE es institucional: reducir el nivel de agresión en el discurso político disminuye tensiones sociales y ayuda a sostener reglas básicas de competencia democrática.
Recomendaciones institucionales
A las campañas y candidaturas, la Defensoría del Pueblo planteó medidas concretas que incluyen:
- Protocolos internos de no violencia política
- Lineamientos específicos sobre el trato al contradictor político
- Protocolos de protección dentro de las campañas, con especial énfasis en la prevención de violencia de género
Adicionalmente, se solicitó establecer reglas claras para el uso de inteligencia artificial en contextos electorales y un estándar mínimo de verificación antes de publicar cualquier contenido, especialmente en entornos digitales y redes sociales.
A las instituciones del Estado colombiano, el llamado fue a implementar medidas sostenidas de seguridad electoral y acciones concretas para fortalecer la confianza ciudadana en el sistema electoral. Esto incluye desarrollar capacidades institucionales de diálogo y mediación para tramitar conflictos políticos de manera constructiva.
