Denuncia por presunta compra de votos sacude campaña electoral en el Caribe
A pocas horas de la jornada electoral para elegir el nuevo Congreso de la República, una grave denuncia por presunta compra de votos ha estremecido el panorama político en la región Caribe. Dos mujeres han señalado públicamente al candidato del Partido de la U a la Cámara por el Atlántico, Laureano Acuña, asegurando que fueron citadas para recibir dinero destinado a la compra de votos, pero que finalmente el supuesto acuerdo no se cumplió.
Protesta frente a residencial en Barranquilla
La denuncia fue difundida por el espacio informativo Primero Barranquilla, que publicó un video en el que las mujeres protestan frente a un conjunto residencial en Barranquilla, lugar donde aseguran que fueron convocadas para recibir el dinero. En las imágenes, una de las mujeres afirma con desesperación: "La gente se nos viene encima".
"Nos dio un poco de dinero para comprar los votos y la gente se nos viene encima. El señor Laureano... este es el edificio donde vive. ¿Cómo le salimos nosotros a esa gente a pocas horas de las elecciones?", expresó una de las denunciantes frente a las cámaras, mostrando visible angustia por la situación.
Reclamos por pagos incumplidos
La segunda mujer también reclamó vehementemente por la situación y aseguró que ahora deben responder a las personas que, según ellas, habrían sido comprometidas para participar en el presunto esquema de compra de votos. "¿Cómo le vamos a responder a la gente? ¿Cómo le vamos a decir que el señor no salió con nada?", señaló con frustración evidente en su tono de voz.
Supuestos pagos de $70.000 por voto
Durante el video, una de las mujeres afirma que el supuesto esquema contemplaba pagos de 70.000 pesos por voto a los electores, una cifra significativa que aumentaría el impacto de la denuncia. Además, aseguró que cuentan con pruebas concretas que respaldarían sus afirmaciones.
"A 70 mil pesos iba a comprar el voto el señor Laureano Acuña. Tenemos planillas y videos donde él está ofreciendo el dinero", afirmó la denunciante con convicción, sugiriendo que existen evidencias documentales y audiovisuales del presunto delito electoral.
Reconocimiento de prácticas comunes
Las mujeres también reconocieron que este tipo de prácticas son comunes en algunas campañas políticas de la región, aunque aseguraron que, incluso cuando se reciben pagos, muchas personas terminan votando según su propia decisión dentro del puesto de votación, lo que revelaría cierta autonomía del electorado pese a los intentos de manipulación.
Un candidato con historial polémico
El nombre de Laureano Acuña no es ajeno a la controversia política en la región. El dirigente, que durante años militó en el Partido Conservador Colombiano y actualmente busca llegar a la Cámara por el Partido de la U, fue senador de la República y ha estado vinculado en debates públicos relacionados con irregularidades electorales en múltiples ocasiones.
Su nombre también apareció en el pasado en medio de investigaciones relacionadas con el escándalo de Aída Merlano, aunque el dirigente ha rechazado reiteradamente cualquier participación en hechos ilegales. Además, en años anteriores circularon audios en los que presuntamente se le escuchaba hablar de estrategias para asegurar votos en elecciones pasadas, señalamientos que él ha negado categóricamente en diversas oportunidades.
Elecciones bajo estricta vigilancia
Esta denuncia se suma a una serie de alertas sobre posibles irregularidades en la jornada electoral de este 8 de marzo en Colombia, en la que se eligen senadores y representantes a la Cámara. Las autoridades electorales y organismos de control han reiterado el llamado a denunciar cualquier intento de compra de votos o manipulación del proceso democrático, especialmente en contextos regionales donde históricamente se han presentado este tipo de prácticas.
La situación pone en evidencia los desafíos que enfrenta el sistema electoral colombiano para garantizar transparencia y limpieza en los procesos democráticos, particularmente en regiones donde las dinámicas políticas tradicionales mantienen ciertas prácticas cuestionables que afectan la libre expresión de la voluntad popular.
