Justicia electoral actúa ante presunto fraude masivo en curules para víctimas
A solo cinco días de las elecciones legislativas y consultas partidistas del 8 de marzo, el Tribunal Administrativo del Meta ha emitido un fallo histórico que pone en evidencia lo que califica como una operación de "trashumancia electoral a gran escala" en el departamento del Guaviare. La decisión judicial, contenida en el auto interlocutorio No. 049, concede medidas de protección para los derechos fundamentales a la participación política y la reparación integral de las víctimas dentro de la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (CITREP) 7.
Incrementos demográficamente imposibles en zonas rurales
El corazón de la controversia radica en crecimientos explosivos del censo electoral en puestos de votación rurales estratégicos, mientras el registro general mantiene una evolución moderada. La denuncia presentada por la Asociación Red de Mujeres Rurales Vereda La Y (ASOYERURAL) documenta aumentos que desafían toda lógica poblacional:
- En Agua Bonita (San José), el censo pasó de 170 inscritos en 2022 a 2.789 en 2026, representando un incremento del 1.540%.
- Tierra Alta (El Retorno) experimentó un salto de 268 a 743 votantes en el mismo período.
- El Tribunal identificó estos fenómenos como "indicios objetivos de inscripción fraudulenta" que rompen cualquier proporcionalidad demográfica razonable.
Funcionarios públicos y entidades bajo la lupa judicial
La tutela no se limita a señalar cifras anómalas, sino que identifica actores concretos involucrados en el presunto esquema de fraude. El expediente judicial, remitido a la magistrada Maritza Martínez Aristizábal del Consejo Nacional Electoral (CNE), ratifica denuncias públicas sobre el traslado masivo de funcionarios de la Gobernación del Guaviare, la empresa energética Energuaviare, y las alcaldías de San José, El Retorno y Calamar hacia puestos rurales de votación.
"Hacían las largas filas en los puestos cercanos de votación rurales de manera descarada para inscribir la cédula y así favorecer a un candidato", señala uno de los testimonios ciudadanos que sustentan el fallo. La investigación busca determinar si existieron orientaciones directas de contratistas y funcionarios para desvirtuar la naturaleza de las Curules de Paz, creadas exclusivamente para dar voz a las víctimas del conflicto armado colombiano.
Puntos críticos identificados por la justicia
El Tribunal Administrativo del Meta ha señalado específicamente varios escenarios donde se concentraría la presunta manipulación electoral:
- Las sedes Santo Domingo y Rafael Pombo de la Institución Educativa Agua Bonita
- La Institución Educativa Puerto Arturo
- Los sectores rurales de San Isidro Uno y Cerritos
Medidas urgentes ordenadas a cinco días de los comicios
Ante la inminencia de las elecciones, el Tribunal ha dictado órdenes de cumplimiento inmediato para salvaguardar la integridad del proceso:
- Al Consejo Nacional Electoral (CNE) le exige ejercer funciones de inspección y vigilancia sobre las inscripciones irregulares documentadas.
- A la Registraduría Nacional le ordena realizar verificaciones técnicas y administrativas exhaustivas para depurar el censo electoral en los puestos rurales bajo sospecha.
- Enfatiza que, al tratarse de medidas de reparación política, el Estado tiene el deber constitucional de garantizar que solo voten quienes realmente cumplen las condiciones de víctimas rurales del conflicto armado.
Doble victimización y daño a la democracia
La trashumancia electoral, conocida coloquialmente como 'trasteo de votos', constituye un delito penal en Colombia que socava los fundamentos de la representatividad democrática. En el caso específico de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, el perjuicio es particularmente grave: no solo se defrauda el sistema electoral, sino que se revictimiza a comunidades que esperaron décadas para obtener un espacio propio en el Congreso de la República.
Las comunidades del Guaviare claman a las autoridades electorales que, en menos de 120 horas, limpien un censo que actualmente estaría contaminado por un presunto fraude organizado en las selvas del departamento. La investigación queda ahora en manos de la Registraduría Nacional y el CNE, quienes deberán actuar con celeridad ante lo que el Tribunal ha calificado como una amenaza directa a la legitimidad democrática en el sur del país.
