La inversión en Colombia no se ha recuperado y los economistas consideran clave generar incentivos o eliminar trabas para que los empresarios no teman realizar sus proyectos. A continuación, un análisis detallado de las cinco barreras que afectan las decisiones de inversión en el país, según Isaac Niño Duarte, CEO de Isnandia Global.
Inseguridad jurídica y regulatoria
La inseguridad jurídica es la base de gran parte de los factores que ponen en riesgo la inversión. Cambiar de manera reiterada las reglas para inversionistas y ciudadanos genera inestabilidad y eleva la percepción de riesgo. Si una persona decidiera construir el segundo piso de su casa y de repente le exigieran una licencia adicional o un nuevo impuesto no previsto, probablemente desistiría. Lo mismo sucede con las inversiones empresariales: cuando las reglas cambian sobre la marcha, muchos proyectos dejan de ser viables por mayores costos o complejidad regulatoria.
La solución no es eliminar la regulación, sino garantizar que las normas sean estables, coherentes y aplicables de igual forma para todos. La inversión no le teme al riesgo; le teme a la incertidumbre, y Colombia ha sido durante décadas sinónimo de incertidumbre para muchos capitales.
Baja productividad
La baja productividad se traduce en mayores costos, menor competitividad y más recursos destinados a producir lo mismo. Esto pone al país en desventaja frente a otras economías de la región. En un mercado global, una diferencia de apenas 2% en productividad puede ser suficiente para que un inversionista elija otro destino.
Carga tributaria
Este es un factor crítico, aunque gestionable mediante planeación fiscal, eficiencias operativas, reducción de costos o mayores ingresos. Sin embargo, cuando la carga tributaria se vuelve excesiva, como sucede en Colombia, llega un punto en el que ninguna ingeniería financiera compensa el peso fiscal. La inversión llegó al país incluso con altas tasas de tributación; comenzó a desaparecer cuando los incrementos respondían más a coyunturas ideológicas que a una estrategia de crecimiento de largo plazo.
Tiempos de licenciamiento
Colombia se ha caracterizado por tener procesos de licenciamiento excesivamente largos e incluso indefinidos. En muchas ocasiones, estos dependen más de la interpretación de un funcionario o del aval político de turno que de criterios técnicos claros. La demora no solo retrasa proyectos, sino que retrasa empleo, crecimiento y bienestar. Los precios de muchos insumos cambian con el tiempo, y una guerra en Oriente Medio puede afectar la economía. Un país donde un proyecto puede tardar años en obtener permisos deja de competir por inversión y empieza a perderla por ineficiencia o sobrecostos asociados a la corrupción. Una ventanilla única que evite recorrer ministerios y agencias radicando permisos podría convertir a Colombia en uno de los principales receptores de inversión para macroproyectos en América Latina. Cuando aprobar un proyecto tarda más que construirlo, el problema ya no es regulatorio: es estructural.
Consultas previas mal estructuradas
Las consultas previas son uno de los mayores retos para el desarrollo de grandes proyectos en el país. No porque las comunidades no tengan derechos, sino porque el sentido de las mismas se ha distorsionado, alejándose de su propósito inicial. Con frecuencia, se convierten en escenarios donde terceros actores políticos, líderes sociales o intermediarios terminan capturando beneficios particulares. Se extorsiona a las empresas a cambio de permitir las construcciones, lo que retrasa inversiones que podrían traer empleo, conectividad y bienestar a regiones enteras.
La ausencia de límites claros en tiempos, compensaciones y alcance ha contribuido a retrasos en proyectos energéticos, de infraestructura y de abastecimiento estratégico. El problema no es la existencia de la consulta previa, sino su falta de reglas claras y tiempos razonables. No se puede exigir luz, empleo y conectividad y al mismo tiempo bloquear la construcción de hidroeléctricas, carreteras o infraestructura crítica. Sin proyectos no hay desarrollo, y sin desarrollo no hay bienestar.
Como puede verse, lo más crítico no es la falta de rentabilidad, sino el tiempo perdido en trámites y la ausencia de reglas claras. Lo que ahuyenta la inversión no son únicamente los impuestos altos, sino la combinación de leyes cambiantes, regulaciones contradictorias y decisiones impredecibles. La inversión no necesita promesas; necesita reglas claras, tiempos razonables y confianza. Mientras Colombia no resuelva esos tres puntos, seguiremos preguntándonos por qué el capital se va, cuando en realidad somos nosotros quienes lo empujamos a irse.
