La alcaldesa de Puerto Tejada, Luz Adiela Salazar, ha tenido que "rezar y resolver" para enfrentar la inseguridad en su municipio, donde la tasa de homicidios supera los 100 por cada 100.000 habitantes, muy por encima del promedio nacional de 2025 (26 por cada 100.000). La mandataria ha recurrido incluso a visitas casa a casa para persuadir a jóvenes de alejarse de la delincuencia.
Contexto de violencia
Su testimonio se dio en medio de un fin de semana con 31 ataques en el suroccidente del país en apenas tres días, una cadena de hechos violentos que comenzó en Cali y dejó decenas de muertos y heridos. En este escenario, alcaldes y autoridades regionales coincidieron en advertir sobre un deterioro de la seguridad en varias ciudades y plantearon la necesidad de reforzar la coordinación entre niveles de gobierno.
Propuestas de Asocapitales
Durante el foro ‘Colombia: abordar la seguridad desde lo subnacional’, organizado por Asocapitales en alianza con Inter-American Dialogue, El Tiempo y Portafolio, el director ejecutivo de Asocapitales, Andrés Santamaría, señaló que "la lucha contra el terrorismo es responsabilidad de la Nación" y agregó que "el fracaso de la paz total" ha deteriorado la seguridad en las ciudades, pues allí han llegado las operaciones de estructuras criminales. Santamaría recordó que desde enero de 2024 se han registrado al menos 11 amenazas o alertas contra mandatarios locales en ciudades como Cúcuta, Cartagena, Florencia, Medellín, Barranquilla, Cali y Bogotá.
Por su parte, el director de Portafolio, Jaime Pumarejo, puso el foco en la impunidad. “El costo de delinquir en Colombia es muy bajo. La impunidad ronda el 90 %”, afirmó, y subrayó la necesidad de mejorar la aplicación de la ley e incorporar tecnología para fortalecer la seguridad.
Perspectiva internacional
Juan Cruz, exalto funcionario de la Casa Blanca y hoy miembro del programa de seguridad hemisférica de Inter-American Dialogue, planteó la posibilidad de explorar alianzas de inteligencia a nivel subnacional con Estados Unidos, es decir, directamente con alcaldes o gobernadores. También advirtió sobre los retos estructurales del sistema carcelario, al señalar que construir más cárceles no resuelve problemas de fondo, pues estos lugares se han vuelto espacios de articulación y reclutamiento para redes criminales.
Presión presupuestal
El alcalde de Manizales, Jorge Rojas, enfatizó en la presión presupuestal que enfrentan las ciudades para atender la seguridad y la población carcelaria, así como en la importancia de fortalecer programas de prevención para evitar el reclutamiento de jóvenes. “A las ciudades nos toca hacer esfuerzos gigantescos para sostener la seguridad, sin presupuesto suficiente. Nos llenaron de responsabilidades, pero estamos solos”, dijo. Agregó: “Los capturan en flagrancia y quedan en libertad; vemos personas con 20 o 30 anotaciones por porte ilegal de droga que terminan cometiendo delitos graves”.
Llamado al Congreso
Los alcaldes pidieron al Congreso mayor control político para que el Gobierno asuma la seguridad ciudadana como un tema prioritario y una legislación menos laxa con la reincidencia y más efectiva luego de la captura.
El impacto económico también fue parte de la discusión. De acuerdo con estudios del Banco Interamericano de Desarrollo y Fedesarrollo, el costo del crimen y la violencia en Colombia equivale al 3,6 % del PIB.
Conflictividad social
Según la Defensoría del Pueblo, en 2025 se registraron 4.039 eventos de conflictividad social —un promedio de 11 diarios—, lo que representa un aumento frente a 2024 y un crecimiento significativo en comparación con años anteriores. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, vinculó parte del deterioro de la seguridad a los procesos de diálogo con grupos armados. En contraste, el alcalde de Quibdó, Rafael Bolaños, señaló que, si bien estos espacios han generado compromisos, el traslado de la criminalidad de zonas rurales a urbanas ha elevado la complejidad del fenómeno. “Necesitamos diálogos, no digo que no; pero también mantener las acciones de control”, afirmó.
Debate sobre policías regionales
En el cierre, también hubo posiciones divergentes. Hugo Acero cuestionó la falta de prioridad del Gobierno Nacional en materia de seguridad y advirtió sobre riesgos en propuestas como la creación de policías regionales, como posibilidad de que exista mayor corrupción en alianzas con esa nueva dependencia y bandas criminales. En contraste, otros consejeros y exfuncionarios expertos en seguridad señalaron que esta no puede ser una propuesta que se descarte.
Experiencias exitosas
El foro también puso en relieve experiencias exitosas desde los territorios que evidencian que la seguridad no depende únicamente de la reacción institucional, sino también de intervenciones sociales sostenidas. Entre ellas, se destacaron programas de cultura, deporte y formación dirigidos a jóvenes en riesgo, así como estrategias de acompañamiento psicosocial en comunidades vulnerables, que han mostrado resultados concretos en la reducción de la violencia. Una de las conclusiones fue que la inversión en prevención puede ofrecer soluciones más sostenibles y efectivas que un enfoque exclusivamente reactivo. Sin embargo, este tipo de iniciativas aún enfrenta limitaciones por la falta de financiamiento estructural y de una implementación a escala nacional.
Finalmente, mandatarios locales coincidieron en que se necesita una mayor articulación entre la Nación y los territorios y un margen de maniobra más amplio para los mandatarios locales.
