Fiscalía peruana cierra caso contra expresidenta Dina Boluarte por polémico aumento salarial
La Fiscalía de la Nación de Perú ha decidido archivar definitivamente la denuncia constitucional presentada contra la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025) y varios de sus exministros, relacionada con el controvertido incremento del sueldo presidencial que duplicó la remuneración en julio de 2025.
Decisión del fiscal general Tomás Gálvez
El fiscal general Tomás Gálvez anunció este lunes a través de la emisora de radio RPP que "no había mérito" para formular la denuncia constitucional contra la exmandataria ni contra sus exministros de Estado. En consecuencia, se ordenó "el archivo de todo lo actuado" y la "anulación de la anotación o registro informático generado" con este caso.
Gálvez explicó detalladamente que "no se ha acreditado un interés ilícito" en los hechos investigados, y que no se encontraron evidencias suficientes para declarar a Boluarte y sus exministros "como presuntos coautores" de los delitos denunciados. Según su análisis jurídico, resulta "jurídicamente imposible subsumir los hechos" en la tipificación del ilícito penal señalado.
Antecedentes del caso
El origen de esta controversia se remonta al 4 de julio de 2025, cuando el Gobierno de Boluarte aprobó mediante un decreto supremo un incremento del 122% en la remuneración presidencial. Este aumento elevó el sueldo de 15.600 soles (aproximadamente 4.500 dólares) a 35.568 soles (alrededor de 9.900 dólares).
Esta decisión generó críticas inmediatas y motivó que el partido izquierdista Voces del Pueblo interpusiera una denuncia penal contra la expresidenta y su gabinete ministerial. La formación política alegaba la presunta comisión de delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
Argumentos de la denuncia y la investigación
Los denunciantes sostenían que el Ejecutivo de Boluarte había infringido una ley que establece que la remuneración del presidente no debe exceder las 10 Unidades Remunerativas del Sector Público (URSP), equivalente a 26.000 soles (aproximadamente 7.500 dólares).
Sin embargo, la investigación del Ministerio Público llegó a conclusiones diferentes tras realizar entrevistas a testigos y miembros del Ejecutivo. Los fiscales confirmaron que "la aprobación de las diversas etapas para la compensación económica presidencial se ajustó estrictamente a los marcos normativos vigentes, descartando cualquier tipo de irregularidad".
Hallazgos clave de la investigación
Entre los descubrimientos más relevantes de la investigación se encuentran:
- La iniciativa para aumentar el sueldo presidencial comenzó en marzo de 2024, y no en febrero de 2025 como alegaban los denunciantes.
- Este hallazgo temporal "desvirtúa la presunta celeridad o preferencia" del procedimiento administrativo.
- Según la Fiscalía, este hecho "le resta credibilidad al hecho denunciado" y demuestra que el proceso siguió los canales regulares.
Con esta decisión de archivo, la Fiscalía peruana cierra oficialmente uno de los casos más polémicos del gobierno de Dina Boluarte, que había generado intenso debate público sobre los límites de la remuneración de los altos funcionarios del Estado.
