El Gobierno colombiano anunció este jueves que avanza en la implementación del Escudo Nacional Antidrones, una estrategia de defensa para contrarrestar el uso creciente de aeronaves no tripuladas por grupos armados ilegales. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que el proyecto se encuentra en una fase clave de verificación técnica, con pruebas en distintos escenarios internacionales.
Pruebas en el exterior
Equipos especializados de Colombia están evaluando tecnologías desarrolladas por más de diez empresas en al menos seis países de Asia, Europa y Norteamérica. Sánchez explicó que esto se debe a que varias empresas han reportado dificultades para importar equipos a Colombia para las pruebas anunciadas a principios de año.
"La evaluación se realiza de forma simultánea y transparente. Mientras las visitas internacionales siguen avanzando, se realizan pruebas paralelas de otras opciones en Colombia, y mantenemos una comunicación constante con embajadas y organismos de supervisión", añadió el ministro.
Fortalecimiento legal
Paralelamente, el país requiere un fortalecimiento en leyes que permita castigar a quienes usen drones de manera bélica. Sánchez destacó: "Se requiere una regulación estricta para proteger vidas contra las amenazas de drones. Confiamos en que el Congreso tramitará rápidamente la ley sobre sistemas no tripulados y sus contramedidas".
El ministro puso como ejemplo a China, que ha implementado estrictas regulaciones y leyes antidrones, incluyendo registro obligatorio con nombre real, restricciones de vuelo y prohibición de importar ciertos modelos.
Contexto del proyecto
El Escudo Nacional Antidrones surge como respuesta al uso cada vez más frecuente de drones en acciones violentas dentro del conflicto armado colombiano. Estos dispositivos han sido adaptados para transportar explosivos o realizar ataques dirigidos contra la fuerza pública.
El presidente Gustavo Petro anunció el pasado 9 de enero una inversión estimada en 6,3 billones de pesos para el escudo, con una fase inicial de 1 billón. El Gobierno mantiene la meta de avanzar hacia la contratación una vez finalicen las evaluaciones técnicas, que incluirán el análisis de ofertas y acuerdos con las compañías que cumplan los estándares exigidos.
