La Corte Constitucional ha emitido un fallo histórico que establece una fecha límite para una deuda pendiente del Estado colombiano: la justicia especializada para el campo. Mediante una decisión unánime de nueve magistrados, el alto tribunal ordenó que, a partir del año 2027, Colombia cuente con tribunales y juzgados agrarios y rurales plenamente operativos.
Origen de la sentencia
La sentencia es el resultado de una demanda estratégica interpuesta por el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman, contra el Decreto Ley 902 de 2017. El fallo no solo valida las pretensiones de la ANT, sino que blinda el camino procesal de la Reforma Agraria que impulsa el Gobierno Nacional.
“A partir del 2027, con o sin apoyo del Congreso, debe entrar en vigencia la Jurisdicción Agraria. Una decisión de la Sala Plena que exhorta al Congreso a cumplir sus funciones y pone punto final a la espera de los campesinos de tener una justicia al acceso de todos los conflictos”, señaló Harman.
Hoja de ruta con plazos concretos
La Corte ha trazado una hoja de ruta con plazos concretos para evitar que la Jurisdicción Agraria quede en el papel. El dictamen contempla dos frentes de acción inmediata:
- Al Consejo Superior de la Judicatura se le ordena iniciar de inmediato las actuaciones técnicas y presupuestales para crear e implementar de forma progresiva la infraestructura judicial especializada en todo el territorio nacional desde enero de 2027.
- Al Congreso de la República se le insta de manera urgente a tramitar y aprobar la ley ordinaria que reglamentará el funcionamiento de esta jurisdicción, dando cumplimiento al Acto Legislativo 03 de 2023.
Fin de la incertidumbre sobre la propiedad
Históricamente, los conflictos por la tierra en Colombia han sido resueltos por jueces civiles que, en muchos casos, carecen de la especialidad técnica y la sensibilidad social para abordar los problemas del campesinado. La decisión de la Corte reafirma el principio del juez especializado.
“Con este fallo se consolida la seguridad jurídica en el campo colombiano”, destaca un comunicado de la ANT. Para las víctimas de la violencia, firmantes de paz y comunidades étnicas, contar con jueces especializados significa que los procesos de titulación y recuperación de baldíos dejarán de ser laberintos burocráticos y judiciales sin fin.
Un espaldarazo a la Reforma Agraria
Para el director de la ANT, Juan Felipe Harman, esta victoria judicial representa un giro de 180 grados en la institucionalidad rural. El fallo deja en firme disposiciones clave del Procedimiento Único, eliminando los cuellos de botella que impedían avanzar en la distribución y formalización de tierras bajo el modelo de la Reforma Rural Integral.
La decisión unánime de los nueve magistrados envía un mensaje claro: la resolución de los conflictos de tierras es una prioridad constitucional. El Estado colombiano da así un paso estructural para cerrar las brechas históricas de desigualdad en el acceso al suelo, garantizando que el derecho al territorio sea una realidad amparada por la ley.
El fallo de la Corte Constitucional sería un paso más para la Reforma Agraria, otorgando las herramientas jurídicas necesarias para que los campesinos no solo reciban la tierra, sino la protección legal efectiva sobre sus parcelas.
