La crisis en Bolivia, que comenzó a principios de mes como una ola de protestas sectoriales por reclamos salariales, desabastecimiento y mala calidad de combustibles, además del rechazo a una reforma agraria, se ha intensificado en apenas unas semanas. El malestar social ha derivado en demandas políticas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien asumió el poder hace apenas seis meses.
Violentos enfrentamientos y marchas pacíficas
Las movilizaciones, que incluyen bloqueos de carreteras en distintas regiones del país, dejaron el lunes violentos enfrentamientos en La Paz con más de 127 detenidos. No obstante, el miércoles la tensión disminuyó parcialmente gracias a una marcha pacífica de campesinos indígenas y transportistas, según reportaron agencias de noticias.
"Este gobierno tiene que irse. Si no quiere que corra sangre, a las buenas que se vaya", declaró a la AFP Romer Cahuaza, transportista del sur de La Paz, quien reclama un mejor abastecimiento de combustibles.
Presión interna y externa
La presión sobre el mandatario crece en medio de una economía deteriorada, una creciente conflictividad social y un nuevo roce diplomático con Colombia. Las declaraciones del presidente Gustavo Petro fueron calificadas por el gobierno boliviano como una "injerencia". En un intento por contener la crisis, Paz anunció este miércoles una reorganización de su gabinete para incorporar representantes de sectores sociales.
Paralelamente, durante una intervención virtual ante la Organización de los Estados Americanos, el canciller boliviano, Fernando Aramayo, denunció que algunos grupos buscan "debilitar al gobierno" y alterar el "orden democrático y constitucional".
Acusaciones contra Evo Morales
El Ejecutivo sostiene que las protestas son orquestadas por el exmandatario socialista Evo Morales (2006-2019), prófugo de la justicia por un caso de presunta trata de una menor. Según el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, los manifestantes actúan como "operadores políticos" que buscan facilitar el regreso del líder cocalero al poder, declaró a principios de semana a la televisora Red Uno.
Los sectores afines a Morales, por su parte, acusan al gobierno de utilizar a las fuerzas de seguridad para reprimir las movilizaciones y temen una eventual captura del exmandatario, refugiado desde 2024 en la región cocalera del Chapare.
De crisis económica a crisis política
Los analistas políticos Huáscar Pacheco y Vladimir Peña coinciden en que el detonante principal es el deterioro económico que atraviesa Bolivia, aunque también señalan errores del gobierno y la influencia del llamado "evismo", dijeron a Efe. Sin embargo, ambos advierten que la complejidad de la crisis no puede atribuirse únicamente a esa agrupación o a los sectores afines, debido a su "reducida" presencia política en comparación con el pasado.
Pacheco, experto en conflictividad política, subrayó que el deterioro de las condiciones de vida, la inflación y la escasez de combustible y de dólares forman parte de la "crisis multidimensional" que ya afectaba a Bolivia antes de que Paz asumiera la Presidencia el pasado 8 de noviembre.
La situación económica se ha deteriorado rápidamente. Organismos multilaterales proyectan para 2026 una contracción de hasta el 3,3 %, después de que la economía boliviana ya se redujera un 1,58 % en 2025. A ello se suma una inflación que alcanzó el 20,4 % en un país donde cerca del 85 % de la población trabaja en la informalidad.
Según Pacheco, las demandas sociales evolucionaron rápidamente hacia un escenario político marcado por posiciones "irreductibles", lo que complica una salida negociada. Por su parte, Peña considera que el Gobierno aún "no tiene un rumbo claro de hacia dónde dirigirse" con las reformas estructurales que pretende implementar.
"Esa expectativa de cambio hoy se traduce en una impaciencia de la gente para saber hacia dónde se va. Se está acabando la tolerancia que ha tenido la gente al presidente", afirmó el experto.
Escasez, bloqueos y un 'corredor humanitario'
Este miércoles, la administración estatal de carreteras reportaba al menos 44 puntos de bloqueo en todo el país, una situación que ha agravado la escasez de alimentos, combustibles y medicamentos, especialmente en La Paz, donde varias de las principales vías de acceso permanecen tomadas.
"Los bloqueos afectan a todos, pero menos a los ricos... Nosotros, toda esta gente que no tiene plata, ya no comemos carne", lamentó Julio Pérez, un exchofer de 82 años.
Ante el desabastecimiento, el gobierno activó un puente aéreo con vuelos desde Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba para trasladar carnes y vegetales hacia la capital administrativa. Además, las autoridades anunciaron la creación de un "corredor humanitario" en las rutas bloqueadas, una operación que contempla el despliegue policial para despejar vías y permitir el ingreso de suministros esenciales.
Con información de EFE y AFP.
