Congresistas califican como "tibias" las medidas del Ministerio de Educación sobre escándalo de títulos
La polémica que rodea a la Fundación Universitaria San José ha tomado un nuevo rumbo tras la intervención administrativa ordenada por el Ministerio de Educación Nacional. La cartera educativa anunció la formulación de cargos contra la rectora Romelia Ñuste Castro y el exsecretario general Luis Carlos Gutiérrez Martínez, además de establecer un régimen de inspección y vigilancia permanente sobre la institución.
Esta decisión gubernamental surge como respuesta a las denuncias públicas sobre la presunta expedición irregular de títulos profesionales, un caso emblemático representado por el diploma de Juliana Guerrero. Sin embargo, las medidas implementadas han generado fuertes críticas desde el sector legislativo.
Respuesta ministerial considerada insuficiente
Las representantes Jennifer Pedraza y Catherine Juvinao, quienes lideraron las denuncias iniciales contra la institución educativa, han manifestado su descontento con el alcance de las sanciones impuestas. Ambas congresistas coinciden en señalar que la respuesta del Ministerio resulta "tibia" frente a la gravedad de los hechos denunciados.
"Me parece que es una buena noticia, pero aun así es insuficiente porque desde marzo del año pasado supuestamente el Ministerio de Educación ha estado vigilante de la Fundación Universitaria San José y en este trayecto en julio se les coló nada más y nada menos que una compra y venta de un título que fue el caso de Juliana Guerrero", afirmó la representante Pedraza durante una entrevista radial.
La decisión ministerial implica que la Fundación San José no cerrará sus puertas y podrá continuar operando mientras se resuelven los procesos sancionatorios y se cumplen los planes de mejora exigidos por las autoridades educativas.
Preocupaciones sobre el futuro de los estudiantes
La congresista Pedraza hizo un llamado especial al ministro Daniel Rojas para que atienda las preocupaciones legítimas de quienes ya se graduaron o están cursando estudios en la San José. Existe un temor generalizado entre la comunidad estudiantil de que su formación pueda perder validez ante posibles empleadores.
Entre las solicitudes específicas planteadas por el sector legislativo se encuentran:
- Establecer alternativas concretas para proteger el valor de los títulos de los egresados en el mercado laboral colombiano.
- Organizar de manera formal una mesa de trabajo que incluya representantes de la comunidad estudiantil actual.
- Evaluar el impacto real de la negligencia institucional en el futuro profesional de los jóvenes afectados por esta situación.
Críticas a la metodología de los planes de mejoramiento
Por su parte, la representante Catherine Juvinao cuestionó abiertamente la metodología establecida para los planes de mejoramiento. La legisladora considera que dejar la rectificación de los errores en manos de quienes permitieron las irregularidades iniciales constituye una medida fundamentalmente ineficaz.
"Una medida verdaderamente drástica frente a lo que ya no es solamente un escándalo de presunta expedición de títulos irregulares, sino también de contratación posiblemente irregular con entidades públicas, como lo hemos denunciado, ameritaba mínimo una intervención", sostuvo Juvinao ante medios de comunicación.
La congresista calificó como contradictorio el hecho de solicitar a las mismas directivas cuestionadas que lideren procesos de transparencia tras un escándalo de conocimiento público tan amplio.
Postura oficial del Ministerio de Educación
Mientras el proceso administrativo avanza según los plazos establecidos, el Ministerio de Educación mantiene su postura oficial de que las medidas impuestas son de carácter preventivo y correctivo. La cartera insiste en que estas acciones permitirán que la universidad mantenga su oferta académica habitual, siempre y cuando se ajuste estrictamente a las obligaciones legales impuestas por el Estado colombiano.
El caso continúa generando debate en el ámbito educativo nacional, con especial atención a cómo se resolverán las preocupaciones sobre la validez de los títulos ya expedidos y las garantías para los estudiantes actuales de la institución.
