Desigualdad en la campaña electoral colombiana
Desde que comencé a seguir activamente las elecciones colombianas en 2010, he presenciado numerosos procesos democráticos con sus particularidades y desafíos. La continuidad del proyecto uribista, las divisiones sobre el acuerdo de paz, los debates interminables sobre el metro de Bogotá y el giro político hacia la izquierda han marcado estos quince años de elecciones fascinantes.
Participación gubernamental sin precedentes
Sin embargo, en estas últimas elecciones nacionales, locales, consultas y plebiscitos, nunca había observado a un Gobierno Nacional participar tan abiertamente en campaña como el actual de Gustavo Petro. El presidente y sus ministros mantienen un modo permanente de ataque contra candidatos y partidos rivales, mientras benefician abiertamente a sus aliados ideológicos.
El poder desbordado de la burocracia estatal, combinado con un presupuesto de cientos de billones de pesos, constituye elementos capaces de inclinar la balanza política de manera determinante y profundamente desequilibrada. Por esta razón fundamental, la participación en campaña de funcionarios públicos ha sido prohibida durante décadas en nuestro país.
El aparato estatal al servicio partidista
La chequera estatal y la información delicada que manejan las entidades gubernamentales deben mantenerse fuera de las dinámicas partidistas. Los castigos por violar estas normas, que incluyen suspensiones e inhabilidades, tradicionalmente se aplican con severidad. No obstante, numerosos funcionarios de la administración Petro parecen no temer estas consecuencias, argumentando con el desgastado comodín de representar un proyecto de cambio que, según ellos, personifica la excepción a todas las normas.
Sin el menor asomo de consideraciones éticas, especialmente cuando se alerta sobre escasez de fondos públicos, el Gobierno Nacional ha construido un aparato de propaganda desmedida utilizando el sistema de medios públicos. Desde esta plataforma, ha empleado a una extensa lista de opinadores digitales afines al petrismo.
Medios públicos convertidos en propaganda
Los medios públicos, que históricamente mantenían una distancia respetable y profesional con el poder, ahora cumplen una labor de caja de resonancia de la ideología del partido dominante sin ningún asomo de pudor. Resulta desolador observar cómo el sistema nacional de medios públicos se ha transformado en aparato de propaganda y difusor de teorías conspirativas de un presidente que diariamente mina la credibilidad institucional.
La Contraloría General ha advertido recientemente sobre el aumento en la firma de contratos de prestación de servicios antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías, superando en un 30% los contratos previos a la misma temporada en 2022. Diariamente, congresistas y medios de comunicación denuncian que influenciadores digitales del petrismo reciben enormes contratos sin responsabilidades ni tareas claramente definidas.
Discurso presidencial y ataques electorales
Mientras tanto, el presidente Petro ha incorporado permanentemente en sus discursos e intervenciones referencias sin ambigüedad a la campaña presidencial. En abierto desafío a la responsabilidad que la ley y la ética pública le exigen, Petro advierte a sus electores cómo deben votar en los comicios y ataca desde sus pronunciamientos a candidatos de otros partidos.
Lo más grave de esta situación radica en la forma sistemática como ha decidido introducir dudas sobre la credibilidad de las instituciones electorales y posibles resultados que desfavorezcan a su partido. En todo momento, su vocación de agitar y dividir ha predominado sobre el tono de estadista que cabría esperar de su posición.
Silencio institucional y desigualdad política
El silencio de la Procuraduría General frente a la participación irrestricta y sin vergüenza del gobierno en la campaña resulta especialmente preocupante. En el fondo, se hace cada vez más visible la alarmante desigualdad de condiciones políticas en estas elecciones, mientras la administración pone todo su aparato de poder a favor de sus candidatos preferidos.
Una prioridad fundamental para el próximo gobierno debe ser rescatar la credibilidad de los medios públicos del momento de excesiva politización en que han caído. Además, el nuevo presidente debe comprometerse formalmente a que nunca más la plataforma gubernamental será puesta al servicio exclusivo de sus amigos ideológicos durante períodos de campaña electoral.
La democracia colombiana requiere condiciones equitativas donde todas las fuerzas políticas compitan en igualdad, sin el peso desproporcionado del aparato estatal inclinando la balanza hacia intereses particulares.
