La fórmula Sergio Fajardo y Edna Bonilla inscribió un comité para recoger firmas en defensa de la Constitución. La propuesta es sencilla: le pregunta a la ciudadanía si quiere proteger la Constitución de 1991 impidiendo que sea reemplazada por una asamblea constituyente durante los próximos dos períodos presidenciales, es decir, hasta el 6 de agosto de 2034.
Críticas al proceso gubernamental
Durante ese acto, Fajardo se refirió de manera crítica al proceso promovido por el gobierno para impulsar una constituyente y Edna Bonilla señaló que “la Constitución de 1991 es el acuerdo más grande que ha hecho Colombia consigo misma. Cambiarla sin consenso, en medio de la polarización y la desconfianza, no es reformar a Colombia para todos los colombianos”.
Bemoles de la propuesta
En circunstancias normales, la propuesta tendría algunos bemoles. Por un lado, no se podría tocar la Constitución sino por la vía del Congreso, lo cual aumenta el poder de una institución tan desprestigiada. Por el otro, se asemeja a las llamadas cláusulas pétreas, esto es, prohibiciones de reforma que tienen cierto tufillo de inmovilismo.
No obstante, lo que salva el juicio sobre este proyecto es que surge como respuesta a la acción del proyecto gubernamental que tiene muchas desventajas. La coyuntura explica la iniciativa.
El riesgo para la Constitución de 1991
El hito reciente más importante en la profundización de la democracia es la Constitución de 1991. Dentro de las variadas preocupaciones que surgen día a día, lo verdaderamente grave es que este logro está en riesgo por cuenta de la propuesta de “Constituyente Popular” del gobierno. Digo que es del gobierno, así esto haya sido negado. Aunque el ministro de Justicia, doctor Cuervo, sostuvo que no se trata de un proyecto oficial, la verdad es que nació en las entrañas del régimen y allí sigue. Las manifestaciones del ministro Sanguino no dejan espacio a la duda. Además, el propio presidente dijo: “Se ha inscrito el comité ciudadano por la Asamblea Constituyente en la Registraduría Nacional. El pueblo no se deja quitar su poder de transformar a Colombia”. En el pasado consejo de ministros volvió a clamar por esa iniciativa.
Falta de consenso y riesgos autoritarios
La idea no busca construir consenso. No hay una agenda de temas. Se elegiría una asamblea cuya competencia es ilimitada, al punto de que podría extenderse a la reelección presidencial indefinida. El proyecto no incluye controles políticos ni estándares de legitimidad democrática, lo que podría llevar a desviaciones autoritarias.
Introduce un corporativismo contrario al pluralismo democrático. Es decir, muchos de los constituyentes no serán elegidos por voto universal sino en compartimientos que representan intereses particulares.
El corporativismo fue el mecanismo predilecto de acción política del fascismo. Y, entre nosotros, recuerda el proyecto de Laureano Gómez. Según Pardo Motta (Laureano Gómez Castro y su proyecto de reforma constitucional. Universidad del Rosario, 2008), “el rasgo más importante del pensamiento de derecha dentro del proyecto lo constituyó la institución del senado corporativo, aunque los comisionados se hayan esforzado por criticar a Mussolini”. Un contrasentido histórico: el gobierno de izquierda inspirándose en Laureano para asestar el mayor golpe al sufragio ciudadano.
¿Tiene algo que ver el candidato Cepeda con esto?
Si bien en algún momento rompió su habitual silencio y dijo que este no era un tema prioritario, la verdad es que en su programa la posición es más bien la contraria. Dice así textualmente: “E igualmente uno o varios mecanismos de implementación de los acuerdos, que pueden ser una asamblea nacional constituyente, o leyes y reformas constitucionales que adoptemos por una vía expedita (...) el pueblo estará sentado en la mesa del gran diálogo nacional, pero también estará en las calles atentos a si se requiere su movilización para garantizar que no sea burlada la voluntad del constituyente primario”.
Por otro lado, si bien el mecanismo está dirigido a una ley de convocatoria como lo exige la Constitución, se ha emprendido simultáneamente un proceso de recolección de firmas. Podría argüir el gobierno que la idea es llevar al Congreso la expresión ciudadana. Pero también es una espada de Damocles: si no votan la ley, tenemos las firmas. Y la tentación de ir de manera directa sería enorme. De paso: en las manifestaciones públicas del candidato Cepeda se siguen recogiendo firmas. Luego es dudoso que el tema no esté en la agenda del candidato. Una inquietante ambigüedad.
Ausencia de acuerdos y uso electoral
Es evidente que no hay ningún deseo de buscar acuerdos. En las expresiones que se han oído, la idea es avasallar a quienes piensan de manera diferente. Y, aunque el presidente lo ha negado, es también claro que la instrumentación del proyecto en medio de una campaña electoral busca servir como bandera política. Que lo sea, en condiciones normales, no es grave. Y es hasta obvia. Pero el hecho de condimentar la campaña con esta iniciativa genera tensiones desafortunadas, hasta el punto de que El Espectador dio a conocer una entrevista de monseñor Rueda, cardenal de Colombia, publicada el día 28 de diciembre de 2025, incorporada al YouTube el 29. Allí dijo: “Le pido al Señor y a los colombianos que cuidemos la Constitución del 91”.
Reflexión nacional necesaria
Es importante entender que una constituyente, u otro mecanismo innovador, exige un cierto momento de reflexión nacional. No hablo necesariamente de consenso, porque la esencia de la democracia es el disenso. Pero, así como en 1991 todas las delegaciones se esmeraron en buscar aproximaciones, una constituyente u otro método en las actuales circunstancias sería el renacimiento de las constituciones como cartas de batalla del siglo XIX. Otra diferencia con el proceso de 1991 es que la idea de un cambio constitucional nació de manera genuina entre estudiantes de varias universidades. No fue una iniciativa del gobierno. En ningún momento se concibió la constituyente como un instrumento en contra de ninguna fuerza política. Por otro lado, a diferencia de hoy, no existía un mecanismo de reforma distinto al Congreso, cuya tarea había sido hundida varias veces a manos de la Corte Suprema.
En abstracto, algunas normas constitucionales sí merecen revisión. La justicia y el ordenamiento territorial, por ejemplo. Pero a esto habría que llegar tras un proceso de preparación y deliberación tranquilo y constructivo. No como ariete para destruir a los antagonistas.
Por Humberto de la Calle
