Grietas en la paz total: aceleran Zonas de Ubicación Temporal pese a críticas
El pasado miércoles 13 de mayo, la Casa de Nariño fue el escenario de un cónclave crucial para la política de 'paz total' del presidente Gustavo Petro. Durante más de tres horas, el mandatario, su consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, y todos los jefes negociadores analizaron la crítica situación de los procesos de paz, que enfrentan contratiempos por acciones violentas de grupos armados, falta de reglas claras y el inminente cierre del gobierno.
La reunión se convocó tras un fuerte desencuentro entre Petro y Patiño, luego de que el presidente desautorizara públicamente a su comisionado por no haberle consultado la lista de capos del 'clan del Golfo' para los que se solicitó el levantamiento de órdenes de captura, solicitud que fue rechazada por la Fiscalía. En el encuentro, los delegados de las mesas de negociación expusieron al mandatario el estado de los procesos y los obstáculos que frenan los avances.
Fuentes presentes aseguran que Petro reclamó por el episodio con la Fiscalía, aunque el asunto quedó zanjado. Luego, el presidente trazó tres lineamientos: acelerar la sustitución de cultivos, exigir a los grupos armados una conducta coherente con el respeto a las comunidades y la seguridad territorial, y alinear a las delegaciones en torno a cinco Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). Al cierre, autorizó el traslado de integrantes de cuatro grupos: el 'clan del Golfo', la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), Comuneros del Sur y el Frente 33 del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF).
“Decían que los procesos no servían para nada. Nos centramos en cinco de ellos en la fase final. Zonas de Ubicación Temporal determinadas por la ley 2022, declarada exequible por la Corte Constitucional, y definidas en el marco de los procesos de paz en territorios priorizados. Así mismo, en la primera fase de implementación no harán presencia personas respecto de las cuales existan órdenes de captura con fines de extradición vigentes”, apuntó Petro esa noche en consejo de ministros.
Detrás de esta premura hay una necesidad de construir una narrativa de cumplimiento antes de que termine el mandato presidencial. Varios expertos consideran que el Gobierno acelera procesos inmaduros, sin suficientes garantías jurídicas ni condiciones claras de sostenibilidad. La estrategia apunta a dejar encaminados varios procesos para que el próximo gobierno asuma la responsabilidad de definir su viabilidad y los costos políticos de sus resultados. Se trata, según esta lectura, de un cálculo político para evitar que el fracaso de la 'paz total' recaiga por completo sobre la actual administración.
“La ZUT debe ser resultado de fases claramente mucho más maduras, más avanzadas en negociación y sometimiento a la justicia, y en ese marco generar protocolos de verificación. Instalar estas zonas en este momento responde mucho más al calendario electoral y al fin del mandato presidencial que a una muestra de consolidación de los diálogos”, afirmó Juan Nicolás Garzón, profesor del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana.
En la práctica, la apuesta del Ejecutivo por concentrar en una primera fase a una fracción de las tropas de estos grupos en Córdoba (Tierralta), Chocó (Belén de Bajirá), Nariño (Puerto Payán y Mallama), Putumayo (Valle del Guamuez) y Norte de Santander (Tibú), con miras a una eventual transición a la vida civil que no se resolvería con esta administración, queda lejos de los ambiciosos objetivos de la campaña presidencial.
En 2022, el entonces candidato Gustavo Petro prometió desmantelar al Eln en tres meses. Cuatro años después, no solo no ocurrió, sino que esa guerrilla aumentó su número de integrantes y los diálogos con el Gobierno están rotos. Otros procesos avanzan en medio de fuertes cuestionamientos, como las negociaciones con el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), al mando de alias 'Calarcá', que continúan pese al control social y territorial en Meta y Guaviare, y a hechos violentos como el asesinato del periodista Mateo Pérez y la muerte de cuatro soldados por un campo minado en San José del Guaviare.
¿Qué pasa con el comisionado de Paz?
La conducción del equipo encabezado por Otty Patiño ha dejado más dudas que certezas sobre las metodologías empleadas en las negociaciones, según reconocen voces del propio Pacto Histórico. Además, reportes de la Fuerza Pública indican que varios grupos con asiento en la 'paz total' se han expandido, ganado control territorial y continúan delinquiendo.
En la Consejería no dudan de las capacidades intelectuales de Patiño, con 35 años de experiencia en construcción de paz, pero admiten que sus limitaciones físicas provocaron traumatismos en el funcionamiento de la entidad durante el último año. Solo en 2025 solicitó dos licencias médicas en menos de tres meses, lo que lo apartó del manejo cotidiano y de citaciones en el Congreso.
En 2026, Patiño ha retomado presencia pública e internacional. Hace semanas estuvo en Caracas acompañando al presidente en una reunión con Delcy Rodríguez, y luego viajó a Lisboa para una conferencia sobre procesos de paz en Colombia, donde reiteró que el Gobierno mantiene abierta la puerta a negociar con grupos fuera de la 'paz total' “a la menor señal” de diálogo.
“La comunicación con Otty es fluida, casi permanente. Todas estas actividades se las informamos directamente a él o al presidente. Periódicamente, los jefes de delegación presentamos informes detallados y discutimos decisiones sobre los procesos en desarrollo”, aseguró Carlos Erazo, jefe negociador con Comuneros del Sur.
Para Juan Nicolás Garzón, el cortocircuito entre Patiño y Petro por el 'clan del Golfo' evidenció una falla estructural en el diseño y ejecución de la 'paz total'. “Lo que hace es exponer una grieta alarmante en la cadena de mando. La política de paz parece un teléfono roto. Hay una atomización de los esfuerzos que evidencia falta de coordinación institucional”, concluye el docente.
