La cancha desbalanceada: cuando el árbitro se pone la camiseta
Una democracia no se fractura únicamente cuando se alteran resultados electorales. Comienza a resquebrajarse cuando el poder utiliza su peso para inclinar la contienda o cuando mina sistemáticamente la confianza en las instituciones, sembrando dudas sin fundamento sólido. Esto es precisamente lo que hoy genera inquietud en Colombia: no la posibilidad de que gane el candidato del Gobierno, sino la aparente determinación del Gobierno de ayudarlo desde el poder.
El ataque contra las instituciones autónomas
El primer frente visible es la embestida contra el Banco de la República. Desde la Casa de Nariño se ha alimentado un discurso peligroso que presenta al Emisor como un obstáculo, como una institución al servicio de banqueros y no del país. No se trata de un debate técnico legítimo, sino de una narrativa política calculada: convertir una entidad autónoma en antagonista sirve para movilizar emociones y reactivar viejas luchas de clases. Mientras se erosiona la confianza en una institución clave para la estabilidad económica, se obtienen réditos políticos de manera consciente y deliberada.
El uso electoral del gasto social
A esto se suma el empleo del gasto social con claros tintes electorales. Nadie discute la necesidad de ciertos subsidios, pero lo que genera interrogantes es el momento, el tono y la insistencia con que se implementan. La pregunta inevitable es: ¿responden estas medidas a necesidades genuinas o a cálculos políticos? El caso del impuesto a empresas y universidades, por ejemplo, difícilmente parece destinado a atender necesidades del departamento de Córdoba como se ha sugerido.
Insinuaciones desde el poder
Un episodio reciente cruza un umbral aún más delicado. El propio Presidente insinuó tener conocimiento de conversaciones entre Abelardo de la Espriella y la firma Thomas Greg & Sons, lo hizo sin pruebas públicas, sin precisión, pero con suficiente peso para sembrar dudas. La pregunta es inevitable: ¿desde dónde habla el Presidente? ¿Desde rumores? ¿Desde interceptaciones ilegales? ¿Desde información reservada? Es gravísimo que un jefe de Estado sugiera disponer de información sensible sobre un candidato y la utilice en medio de la contienda. Esto no es debate político, es presión desde el poder.
La actividad permanente en redes sociales
Y, por supuesto, están los constantes mensajes en redes sociales. Los señalamientos directos, las descalificaciones, las intervenciones con nombre propio no son simples opiniones personales. Cada mensaje presidencial tiene un peso institucional que incide directamente en la opinión pública, en el clima electoral y en la legitimidad de los contendores. Afirmar que esto no constituye participación en política es desconocer la realidad o intentar maquillarla.
Un patrón preocupante
Cuando se unen todas estas piezas -el discurso contra el Banco de la República, el uso intensivo del gasto social, las insinuaciones sobre candidatos, los beneficios a criminales con incidencia en ciertas zonas del país y la actividad permanente en redes- lo que emerge no son hechos aislados. Es un patrón claro, una manera específica de jugar el partido político. Y cuando el Gobierno deja de ser árbitro y decide convertirse en jugador, la democracia pierde su equilibrio fundamental. La competencia deja de ser justa y la cancha se desbalancea de manera preocupante.
Competencia desigual
En este escenario, ya no compiten solamente candidatos. Compite el aparato completo del Estado contra quienes no lo tienen, y esa es, por definición, una pelea desigual. Que gane quien tenga que ganar, pero que gane bien, sin trampas ni atajos. Porque si normalizamos que el Gobierno intervenga de esta manera en la contienda electoral, mañana no habrá elección que alcance para corregirlo. Lo que estará en juego entonces no será un simple resultado electoral, sino la credibilidad misma de nuestra democracia.
La democracia colombiana enfrenta un momento crucial donde las reglas del juego parecen estar siendo reescritas desde el poder. El equilibrio entre instituciones, la neutralidad estatal y la confianza ciudadana están siendo puestos a prueba de manera sistemática, y las consecuencias de este desbalance podrían extenderse mucho más allá del actual ciclo electoral.
