El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural emitió una respuesta al informe de la Contraloría General de la República que señalaba riesgos en la implementación de las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA) y las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA). La entidad afirmó que el documento contiene imprecisiones sobre el alcance jurídico, técnico y procedimental de las APPA como determinante de ordenamiento territorial.
Respuesta del Ministerio a la Contraloría
El 6 de mayo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural respondió al informe de la Contraloría General de la República que advertía sobre vulnerabilidades jurídicas, fiscales, presupuestales, ambientales, operativas y de gobernanza en la formulación y creación de las APPA. La Contraloría había emitido una Advertencia Especial al Ministerio y a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) por posibles compromisos en la consistencia técnica, financiera e institucional de estas zonas.
El Ministerio reconoció que el informe de la Contraloría hace parte de sus funciones constitucionales y constituye un control preventivo, pero señaló que contiene imprecisiones que es necesario aclarar. La entidad defendió su actuación dentro de su capacidad financiera, jurídica y ambiental.
Financiamiento de las declaratorias de las APPA
El primer punto que defendió el Ministerio fue que la declaratoria de las APPA no implica manejo de recursos públicos. La entidad explicó que esta figura es un instrumento de planificación y protección del suelo agrícola, y que no implica cambios en el uso del suelo o determinación de los ciclos y cadenas productivas. Por lo tanto, el gasto público recae sobre otras entidades ejecutoras, como las del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural y las entidades territoriales en el marco de sus competencias misionales y presupuestos propios.
Además, el Ministerio expuso que la determinante no exige formalmente un plan de acción posterior a la declaratoria. El sector agropecuario incorpora este instrumento para planificar la intervención del Estado y traducir la protección del suelo en acciones concretas de desarrollo.
Legalidad de las declaratorias de las APPA
El Ministerio explicó que su facultad para declarar las APPA no está supeditada a ninguna reglamentación previa, según el artículo 10 de la Ley 388 de 1997. También argumentó su concordancia con el Decreto 0381 de 2026, que establece procedimientos técnicos, jurídicos y geoespaciales para las entidades al expedir determinantes de ordenamiento territorial, y fija un período de transición de seis meses para ajustarse a estos nuevos estándares. Asimismo, citó el Acuerdo 010 de 2026 del Consejo Superior de Administración del Ordenamiento del Suelo Rural, que reconoce la compatibilidad entre las determinantes ambientales de nivel 1 y las APPA como instrumentos de protección del suelo rural.
Prevención de amenazas y riesgos ambientales
Sobre la omisión de prevenciones ambientales, el Ministerio argumentó que las APPA no desconocen las condiciones de riesgo, sino que orientan el suelo a preservar su capacidad agroproductiva. Se destacó que no se modificaron los derechos de propiedad de estas áreas. La decisión declarativa sobre los suelos esenciales para la producción de alimentos respeta los derechos de las personas en cuanto al uso, ocupación y tenencia, sin modificar los derechos de propiedad. Tampoco modifica los usos permitidos, restringidos o compatibles, ni establece condiciones o usos específicos.
Finalmente, el Ministerio alertó sobre la pérdida anual de 200 millones de toneladas de suelo fértil y señaló que más de 20 millones de hectáreas de suelos agropecuarios presentan algún nivel de degradación. Esto crea un riesgo para el futuro de la producción agropecuaria del país y justifica la existencia de las áreas de protección para garantizar la producción de alimentos.
