El Ministerio de Educación encontró que, en algunos casos, había incrementos salariales por encima de lo permitido. Foto: Cristian Garavito
“El departamento del Magdalena es uno de los territorios en alto riesgo. Hemos detectado situaciones preocupantes”. Con esas palabras el ministro de Educación, Daniel Rojas, sintetizó, en un video publicado en su cuenta de X, los hallazgos que acaba de hacer esa cartera luego de llevar a cabo una auditoría a la Entidad Territorial Certificada en Educación de Magdalena, en compañía de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
En el proceso, en el que también participó la Fiscalía, esa cartera realizó varios hallazgos que condujeron a Rojas a calificar a ese departamento como uno de los territorios “en riesgo”, luego de que se aumentaran, dijo, los recursos del Sistema General de Participaciones. Según un comunicado publicado por el Mineducación, en ese departamento se han “identificado situaciones que requieren una revisión detallada por parte de la entidad, relacionadas con la adecuada gestión de la planta de personal docente, directivo docente y administrativo del sector educativo, así como con el uso de los recursos y el cumplimiento de la normativa vigente aplicable”.
Principales hallazgos en Magdalena
La auditoría reveló varias irregularidades graves. En primer lugar, se detectaron situaciones en las que había “duplicidad en el reconocimiento de remuneraciones para un mismo docente”. Además, el Mineducación y el Minhacienda encontraron que había siete sedes calificadas como “Zonas de Difícil Acceso”, cuando en realidad estaban en zonas urbanas. También hallaron casos en los que les estaban pagando a los docentes y al personal administrativo horas extras que superaban “los topes máximos definidos en la regulación”.
Así mismo, en el Magdalena ha habido aumentos salariales "que exceden los incrementos definidos por la Nación". Como si no fuera poco, se ofreció un número menor de vacantes a los docentes del que realmente existía. “Se encontraron nombramientos directos en docentes de aula que vulneraron los derechos preferenciales de carrera”, señala el Mineducación. Igualmente, indica, detectó errores “en la definición del estatuto y escalafón docente (54%), lo cual refleja dificultades en la correcta clasificación normativa de los docentes al momento de su vinculación”.
Recomendaciones para el Magdalena
La recomendación del Ministerio de Educación para el Magdalena es que fortalezca sus “capacidades institucionales en gestión administrativa, financiera y del talento humano”; que “mitigue los riesgos en el uso del Sistema General de Participaciones”; que “garantice la adecuada prestación del servicio educativo”, y que fortalezca sus controles sobre el “sistema de información humano”. Otras de las sugerencias que le hace esa cartera a la Entidad Territorial Certificada en Educación del departamento es que “implemente mecanismos permanentes de auditoría y monitoreo que permitan identificar oportunamente actividades inusuales”, y que “fortalezca los procesos de verificación previa a la vinculación docente”.
Hallazgos en Santa Marta
El Mineducación también llevó a cabo una auditoría en la ciudad de Santa Marta, donde detectó situaciones parecidas a las que había en el departamento. Por ejemplo, halló casos en los que había duplicidad en el pago de la nómina; tres sedes de colegios clasificadas como Zonas de Difícil Acceso (ZDA), cuando, en realidad, estaban en áreas urbanas; pagos de horas extras a docentes que superaban los topes permitidos por las normas; aumentos salariales mayores a los autorizados por el Estado y nombramientos directos. Estos hallazgos han generado preocupación en la comunidad educativa y han llevado a las autoridades a tomar medidas correctivas.
La auditoría realizada por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda, con el apoyo de la Fiscalía, busca garantizar la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos en el sector educativo. Las irregularidades detectadas en Magdalena y Santa Marta ponen de manifiesto la necesidad de fortalecer los controles y la supervisión en las entidades territoriales certificadas en educación.
