Secretaria de Infraestructura de Bucaramanga renuncia horas antes de suspensión por Contraloría
La secretaria de Infraestructura de Bucaramanga, María del Rosario Torres, presentó formalmente su carta de renuncia ante el alcalde Cristian Fernando Portilla Pérez este lunes 20 de abril, en un movimiento que se produce justo cuando la Contraloría Municipal preparaba activar su suspensión inmediata.
Inminente suspensión fiscal
Según información confirmada por fuentes internas del organismo de control, la Contraloría de Bucaramanga tenía lista desde la semana pasada la suspensión de Torres bajo la figura de "verdad sabida y buena fe guardada", mecanismo que permite a los órganos de control fiscal apartar temporalmente a funcionarios mientras avanzan investigaciones en su contra.
La renuncia se concretó exactamente a las 9:00 de la mañana, momentos antes de que la Contraloría procediera con la firma final del documento de suspensión que ya estaba preparado.
Dos investigaciones fiscales de fondo
Las causas que motivaban la inminente suspensión están relacionadas con dos procesos fiscales de gran envergadura:
- Escándalo de la chatarra: La Contraloría halló responsabilidad fiscal en Torres por este caso que, según los informes preliminares, estaría valorado en más de $46.000 millones.
- Empréstito no ejecutado: Existe otro proceso fiscal relacionado con un crédito por $80.000 millones gestionado durante la administración del exalcalde Juan Carlos Cárdenas Rey, que permaneció sin ejecución durante varios años.
Repercusiones inmediatas en la secretaría
Con la salida inmediata de María del Rosario Torres, la dirección de la Secretaría de Infraestructura queda provisionalmente a cargo del subsecretario Carlos Méndez, quien asumirá las funciones mientras se define un reemplazo permanente.
La renuncia se produce en medio de un clima de cuestionamientos constantes hacia la gestión de la Secretaría de Infraestructura por parte del organismo de control municipal, que ha intensificado sus revisiones fiscales en los últimos meses.
Este caso representa uno de los episodios más significativos de tensión entre la administración municipal y los órganos de control en Bucaramanga durante el presente año, marcando un precedente sobre el uso de los mecanismos de suspensión preventiva disponibles para la Contraloría.
