A doce días de las elecciones presidenciales, Colombia no necesita que el Presidente siembre sospechas sobre el árbitro electoral. Necesita exactamente lo contrario: serenidad, confianza institucional y compromiso democrático para aceptar los resultados, gusten o no.
Pero Gustavo Petro volvió a hacerlo. Se la pasó en eso cuatro años. Sembrando desconfianza institucional, atacando a todo aquel que le recordara sus límites. Hace poco aseguró que “no ha sido posible que se audite el ‘software’ electoral de escrutinios” y reiteró que podríamos aproximarnos a un gran fraude.
La respuesta de las autoridades electorales
Por supuesto que los votos deben cuidarse. Por supuesto que los partidos tienen derecho a testigos. Por supuesto que toda auditoría seria fortalece el proceso. Pero una cosa es vigilar las elecciones, y otra muy distinta es instalar, desde la Presidencia, la sospecha de que el sistema solo será confiable si el poder político lo vigila, lo corrige o lo deslegitima por anticipado.
El registrador Hernán Penagos ha respondido con claridad: “Colombia tiene un proceso electoral eminentemente manual; los votos son manuales y las actas electorales de cada mesa, los E-14, también”. Además, advirtió algo que no debería pasar inadvertido: “Mantener narrativas de fraude es un grave riesgo de violencia”.
Y no está solo. La vicepresidenta de la Corte Constitucional, Natalia Ángel, respaldó al Registrador y resaltó “su seriedad y la transparencia” con la que lleva los procesos. El presidente de la Corte Suprema, Iván Mauricio Lenis, también dijo que la Registraduría ha dado confianza en un proceso “bien organizado, serio”. Y el contralor Carlos Hernán Rodríguez recordó que en democracia habrá ganadores y derrotados, pero lo esencial es aceptar los resultados bajo un principio de credibilidad y confianza.
Más duro fue el magistrado Hugo Quintero, vicepresidente de la Corte Suprema; advirtió que se ha instalado una “narrativa oficial” que descalifica ‘a priori’ a la autoridad electoral, y recordó una verdad incómoda: con estas reglas y esta Registraduría llegó Petro al poder.
El problema institucional de fondo
Ese es el punto. El problema no es técnico, sino institucional. Este presidente parece creer que toda institución que no se somete a su voluntad pierde legitimidad. Si las cortes frenan sus decretos, habla de bloqueo o persecución. Si el Banco de la República ejerce su independencia constitucional, lo acusa de insensibilidad frente al pueblo. Si los organismos de control investigan, denuncia conspiraciones. Y ahora, si la Registraduría no actúa como él quisiera, el sistema electoral entero queda bajo sospecha.
Una cosa es vigilar las elecciones, y otra muy distinta es instalar, desde la Presidencia, la sospecha de que el sistema solo será confiable si el poder político lo vigila, lo corrige o lo deslegitima por anticipado.
Esa lógica es profundamente peligrosa. Las instituciones no existen para complacer al gobernante. Existen para limitarlo. Para que el Presidente no sea juez, árbitro, candidato, auditor y dueño de la verdad al mismo tiempo, pero Petro desprecia todo aquello y lo hace impunemente porque ahí está la Comisión de Acusación dispuesta a confirmar por qué le dicen “comisión de absoluciones”.
La defensa de la democracia
A la Registraduría hay que exigirle transparencia, sí. Hay que rodearla de controles, testigos, auditorías y observación internacional. Pero también hay que protegerla de la irresponsabilidad de quienes, desde el poder, preparan el terreno para desconocer lo que no les convenga.
Colombia está a días de votar y no se juega solamente quién gana la Presidencia. Se juega si aceptamos que las reglas valen siempre o solo cuando favorecen al poderoso.
Defender las elecciones no es defender a un registrador. Es defender la democracia. Porque cuando un país deja de creer en quien cuenta los votos, muy pronto deja también de creer en el voto mismo. Ojalá los candidatos, todos, sin excepción, puedan decir que reconocerán los resultados y el Presidente se quede tristemente solo en esta...
