La implementación del Acuerdo de Paz: tema incómodo en campaña presidencial 2026
En el marco de la contienda electoral hacia la presidencia de Colombia en 2026, surge una pregunta incómoda para la mayoría de candidatos con opciones reales de llegar a la Casa de Nariño: ¿quién está dispuesto a asumir las obligaciones jurídicas y políticas que el Estado colombiano contrajo en noviembre de 2016 con la firma del Acuerdo Final de Paz? La respuesta, tras un análisis juicioso de los programas de gobierno inscritos, resulta desoladora y reveladora.
Un compromiso solitario en el panorama electoral
Solamente el candidato presidencial Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué, han asumido de manera directa y explícita continuar con una tarea histórica que permanece inacabada: la implementación integral del Acuerdo Final de Paz. Su programa "El Poder de la Verdad" compromete de manera concreta los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el Fondo de Tierras, el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, y la reactivación urgente de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
La deuda estructural de la implementación
La implementación del Acuerdo arrastra una deuda estructural que requiere atención inmediata. La Misión de Verificación de la ONU en Colombia ha sido clara al manifestar que el Acuerdo debe implementarse en su totalidad, siendo el corazón de este proceso la materialización del punto de la Reforma Rural Integral. Los avances, aunque palpables, resultan insuficientes frente a los compromisos adquiridos.
Más de 700.000 hectáreas gestionadas por la Agencia Nacional de Tierras para familias campesinas, reincorporados, víctimas y comunidades étnicas representan un logro que la comunidad internacional valora positivamente. Sin embargo, se requiere un esfuerzo sostenido y la adopción real de mecanismos como el catastro multipropósito para alcanzar las metas contenidas en el Acuerdo.
Violencia persistente en territorios PDET
Lamentablemente, la violencia en los 170 municipios PDET no cede terreno. Pese a los intentos del Gobierno por consolidar una política de paz integral, las organizaciones criminales han desechado sistemáticamente la oferta gubernamental, provocando un fracaso evidente en la apuesta por nuevos procesos hacia la denominada "paz total".
Las cifras son alarmantes: en 2025 se registró un aumento de más del 30% en asesinatos de firmantes de paz respecto al año anterior. En los primeros meses de 2026 se alcanzó la deplorable cifra de 487 firmantes asesinados desde la firma del Acuerdo en 2016. Las garantías de seguridad continúan siendo el punto más débil de todo el proceso.
Las otras candidaturas: evasión o ruptura explícita
Frente a este panorama complejo, y luego de comparar las apuestas programáticas inscritas en la Registraduría Nacional del Estado Civil, dentro de las tres candidaturas con mayores posibilidades de alcanzar una segunda vuelta, solo Cepeda y Quilcué asumen el lenguaje y la lógica del Acuerdo con coherencia explícita.
Por su parte, Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial —con su programa "Orden, Firmeza y Corazón"— no mencionan en absoluto el Acuerdo Final ni el proceso de reincorporación de miles de firmantes. Su propuesta pretende reemplazar el concepto de Paz por una doctrina de "Seguridad Total", fórmula ya experimentada por la sociedad colombiana con consecuencias humanitarias desastrosas. Se trata de una estrategia de elusión: no derogar formalmente el Acuerdo pero impedir sistemáticamente sus objetivos fundamentales.
Abelardo De la Espriella es el más explícito en su ruptura con el proceso de paz. Su programa propone:
- Eliminar completamente la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)
- Construir siete megacárceles bajo el modelo implementado por Nayib Bukele en El Salvador
- Reanudar la fumigación aérea de 330.000 hectáreas de cultivos ilícitos
- Lanzar una ofensiva militar en 90 días bajo una lógica de Plan Colombia 2.0
Riesgo de politización y abdicación de la paz
El horizonte electoral hacia la presidencia en este 2026 expone con crudeza el riesgo de la politización del Acuerdo de Paz. En manos de sectores de derecha, se convierte en blanco de aniquilamiento programático; en manos del progresismo, se traduce en una hoja de ruta para cumplir internacionalmente los compromisos del Estado colombiano.
Quizás Colombia no enfrente el riesgo inminente de regresar a una guerra abierta, pero sin voluntad política genuina, con desfinanciación progresiva de la arquitectura institucional creada para la paz, y con falta de preponderancia de las instancias establecidas desde 2016, el país puede caer en la peligrosa abdicación de la paz como proyecto nacional.
El gobierno del presidente Gustavo Petro heredó la incapacidad institucional y el incumplimiento desvergonzado de sus dos antecesores inmediatos. El próximo Gobierno tendrá que cargar con la misma cruz histórica si no toma medidas urgentes y decididas para proteger lo avanzado y completar lo pendiente en materia de implementación del Acuerdo Final de Paz.
