Tío político de secretario de la Cámara aparece como abogado del escolta con $145 millones incautados
Nuevos detalles emergen en el caso del escolta del secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, quien fue capturado transportando 145 millones de pesos en efectivo y material de propaganda electoral. Tras ser dejado en libertad por orden judicial, se revela que entre sus defensores figura Iván Moisés Fuentes Acosta, quien resulta ser el esposo de la hermana de la madre del propio secretario Lacouture.
Vínculos familiares en la defensa legal
La investigación de EL TIEMPO estableció que Fuentes Acosta es esposo de Flor Peñaloza Ovalle, hermana de Cielomar Peñaloza De Lacouture, alcaldesa de Villanueva (La Guajira) y madre del secretario de la Cámara. Este vínculo familiar añade complejidad al caso, especialmente considerando que el escolta trabajaba para una unión temporal al servicio de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
El abogado penalista Iván Cancino, principal defensor del escolta, explicó a este diario que Fuentes Acosta fue "el abogado que el escolta consiguió en La Guajira después de la detención. No es de mi oficina, pero lo dejé como defensor suplente". Sin embargo, la conexión familiar con el secretario Lacouture plantea interrogantes sobre la independencia de la defensa.
Material electoral y desmentidos oficiales
La Policía Nacional confirmó que el guardaespaldas Luis Alfredo Acuña Vega transportaba en su vehículo particular no solo el dinero en efectivo, sino también material electoral pedagógico y propaganda del candidato al Senado por el Partido Conservador Daniel Restrepo. Este último es ficha del senador antioqueño Carlos Trujillo, a quien se le atribuye influencia significativa en La Guajira, departamento donde ocurrió la incautación.
Además, las autoridades desmintieron categóricamente la versión presentada por el secretario Lacouture, quien había asegurado que existieron irregularidades en el procedimiento de detención. La Policía sostiene que los sobres ya venían marcados con nombres y números celulares de políticos antes de la intervención, contradiciendo la afirmación del escolta de que fueron los uniformados quienes realizaron dichas anotaciones.
El conductor de la grúa también queda en libertad
En el mismo documento que cuestiona la legalidad de la captura, se ordenó la devolución de:
- La totalidad del dinero incautado (145 millones de pesos)
- El Toyota Corolla de placas PFQ873 donde se transportaba el efectivo
- Un tercer vehículo de placas CUB741, identificado como la grúa que llevaba el automóvil
La investigación reveló que el conductor de esta grúa es Rodrigo Antonio Bruges Bayona, quien igualmente fue capturado y posteriormente liberado bajo los mismos argumentos jurídicos que beneficiaron al escolta. Bruges Bayona enfrentaba cargos por su participación en el transporte del vehículo donde supuestamente se negociaría el dinero.
Antecedentes institionales y contradicciones
El caso adquiere matices adicionales al conocerse que Iván Fuentes Acosta fue designado como Delegado del Consejo Nacional Electoral (CNE) para las comisiones escrutadoras generales durante las elecciones locales de octubre de 2019. En ese mismo período, Jaime Lacouture ejercía como magistrado del CNE, lo que evidencia una relación profesional previa entre ambas figuras.
Pese a que el secretario de la Cámara ha manifestado públicamente que no tiene ninguna relación con el dinero incautado, la propaganda electoral ni el incidente en general, su decisión de solicitar al penalista Iván Cancino que defendiera a su escolta, sumada a la participación de su tío político en la defensa legal, genera dudas sobre el alcance real de su involucramiento.
Los argumentos de la defensa, centrados en supuestas fallas procedimentales durante la captura, han permitido que tanto el escolta como el conductor de la grúa recuperen su libertad mientras avanza la investigación formal. Sin embargo, las conexiones familiares y políticas reveladas sugieren que este caso podría tener ramificaciones más profundas en el ámbito de la transparencia electoral y el uso de recursos en procesos políticos regionales.
