Venezuela designa a Larry Devoe como fiscal general y Eglée González como defensora del pueblo
La Asamblea Nacional de Venezuela, bajo control del chavismo, realizó este jueves la designación oficial de los abogados Larry Devoe como el nuevo fiscal general y Eglée González como la nueva defensora del pueblo. Estas designaciones se producen después de que los anteriores titulares de estas instituciones presentaran sus renuncias durante el mes de febrero, en el contexto de la aplicación de la Ley de Amnistía.
Juramentación y reacciones políticas
Durante una transmisión oficial del Parlamento, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, procedió a juramentar a ambos funcionarios. Rodríguez destacó que González "jamás ha militado en un partido político", calificando esta circunstancia como una "gran oportunidad" para el país.
Sin embargo, la designación encontró inmediata oposición. El diputado Henri Falcón, en representación de la bancada opositora Libertad, manifestó su rechazo formal a ambos nombramientos. Falcón argumentó que su grupo no respaldará la designación de un fiscal ni de un defensor que no cumpla con las condiciones de "idoneidad, autonomía, independencia y pluralidad democrática".
"Sabemos que las instituciones han sido habilitadas como trincheras ideológicas de una parcialidad política en Venezuela", subrayó el legislador opositor durante la sesión parlamentaria.
Cuestionamientos al proceso de selección
El proceso de designación ha sido objeto de críticas desde diversos sectores. En marzo, un total de 11 organizaciones no gubernamentales denunciaron la "ausencia de reglas claras y públicas" sobre el procedimiento y los criterios de evaluación para seleccionar a los titulares de la Fiscalía General y Defensoría del Pueblo.
Estas organizaciones reclamaron que el Comité de Evaluación de Postulaciones del Parlamento, conformado el pasado 25 de febrero, estaba integrado "únicamente por diputados en funciones, en su mayoría del partido oficialista, sin incluir representantes de diversos sectores de la sociedad conforme lo requieren la Constitución y la ley".
Perfiles de los nuevos funcionarios
Larry Devoe cuenta con una extensa trayectoria en el sector público venezolano. Anteriormente había sido nombrado como fiscal encargado en febrero pasado y mantiene una cercana relación con Delcy Rodríguez, habiéndose desempeñado como consultor jurídico del Ministerio de Petróleo y de la Vicepresidencia, carteras que han sido ocupadas por ella.
Su experiencia profesional incluye:
- Funciones directivas en el Banco de Venezuela
- Representación de Venezuela ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos
- Trabajos previos en la Defensoría del Pueblo
- Estudios de posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos
Por su parte, Eglée González es una reconocida analista político-electoral en Venezuela, con doctorado en Derecho y especialización en Derecho Administrativo. Su trayectoria incluye:
- Labor como profesora e investigadora en la Universidad Central de Venezuela
- Consultora jurídica del Consejo Nacional Electoral entre 2014 y 2016
- Dirección del despacho del exrector Luis Emilio Rondón
Según informaciones de medios locales, el nombre de González fue propuesto ante la Asamblea Nacional por el diputado del partido Fuerza Vecinal, David Uzcátegui. Fuentes parlamentarias indicaron que la abogada recibió el visto bueno del chavismo al ser considerada parte de la "oposición no radical" y convertirse en figura representativa del diálogo político.
Contexto de las renuncias anteriores
El proceso para designar a un nuevo fiscal y defensor se inició después de que Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, ambos allegados al chavismo, presentaran sus dimisiones a estos cargos. Estas renuncias se produjeron en medio de la aplicación de la Ley de Amnistía promulgada en febrero, que teóricamente permite liberaciones de presos políticos desde 1999 hasta la actualidad, aunque la norma solo contempla 13 "hechos" ocurridos en un período de 13 años.
Aprobación de nueva ley de minería
Durante la misma jornada parlamentaria, la Asamblea Nacional venezolana aprobó la ley orgánica de minas que abre las puertas a inversores extranjeros para la explotación de las vastas reservas minerales del país. Esta aprobación se produce bajo la presión de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció desde la sede del Poder Legislativo en Caracas que la ley fue aprobada "por unanimidad" en su segunda discusión, calificándola como "un vehículo para la construcción de la prosperidad del futuro".
La nueva legislación minera se remitirá a la máxima corte venezolana "para que se pronuncie acerca de la constitucionalidad de su carácter orgánico". Esta iniciativa sigue a la reforma de la ley petrolera impulsada por Delcy Rodríguez semanas después del intento de derrocamiento de Nicolás Maduro el 3 de enero, que ofrece garantías a la inversión privada y modifica el modelo estatista implementado durante el gobierno de Hugo Chávez.
Venezuela, conocido mundialmente por sus enormes reservas de petróleo, es también un país rico en minerales como oro, diamante, bauxita y coltán. La actividad minera se concentra principalmente en el territorio denominado Arco Minero, que abarca aproximadamente 112.000 km². Numerosos testimonios indican que bandas criminales, grupos armados y, en ciertas zonas, guerrillas colombianas como el ELN o disidencias de las FARC controlan sectores enteros de estas áreas mineras, frecuentemente con la complicidad de fuerzas de seguridad.
