Más voces de rechazo se suman a la decisión del presidente Gustavo Petro de liquidar Air-e, anunciada en una publicación en la red social X. Los Comités Intergremiales del Atlántico y Magdalena, las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira, y la Andi Atlántico-Magdalena emitieron un comunicado conjunto en el que califican la medida como irresponsable e ilegal.
Críticas a la liquidación sin plan de reemplazo
En el documento, los gremios sostienen que al anunciar la liquidación de Air-e sin contar con un operador de reemplazo, sin un plan de pago a los generadores y sin garantías de continuidad, el presidente viola la Constitución y la ley. Además, desconocen la existencia de alternativas idóneas para asegurar la prestación del servicio público esencial y domiciliario.
Air-e actualmente se encuentra intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios mediante un proceso de toma de posesión, conforme a la Ley 142 de 1994 y el Decreto 990 de 2002. Los gremios señalan que cualquier decisión sobre la liquidación debe respetar las etapas y condiciones previstas en este procedimiento.
Riesgos financieros y operativos
Trasladar la operación a Gecelca, como insinúa el presidente, sin resolver previamente las deudas de Air-e con las generadoras de energía agravaría la crisis actual. Los gremios advierten que jurídicamente cualquier proceso de fusión o integración empresarial debe respetar los límites a integraciones verticales, los derechos de los acreedores y múltiples requisitos legales y regulatorios. Los acreedores cuentan con mecanismos para oponerse, lo que podría generar controversias y retrasos significativos.
Antes de iniciar cualquier proceso de liquidación, el Gobierno debe garantizar la existencia de un operador idóneo que asuma la prestación del servicio para más de 1,3 millones de usuarios. Ese operador debe contar con experiencia comprobada, capacidad técnica, solidez financiera y la infraestructura necesaria para atender uno de los mercados eléctricos más importantes del país.
Opinión de expertos
El exministro de Minas, Amylkar Acosta, calificó la liquidación como imprudente, especialmente porque el país enfrenta un fenómeno del Niño intenso que podría ser duradero, además de la deuda de 2,5 billones de pesos de Air-e con las generadoras, lo que pone en grave riesgo financiero a estas empresas. Acosta destacó que esto podría desencadenar un efecto dominó que derivaría en un apagón financiero, comprometiendo seriamente la prestación del servicio de energía. "Este sería un salto al vacío", afirmó.
Llamado a los organismos de control
Los gremios del Caribe pidieron a la Procuraduría y la Contraloría actuar ante el pronunciamiento del presidente Petro, con base en las facultades y responsabilidades que tienen.
