El Ministerio de Transporte emitió una resolución que adopta el primer Plan Integral de Gestión del Cambio Climático del Sector Transporte, un documento que establece que toda nueva obra de infraestructura de movilidad deberá incorporar el riesgo climático desde su planeación. La ministra María Fernanda Rojas afirmó: “Con este plan dejamos una hoja de ruta para que Colombia cuente con un sistema de transporte más resiliente, más limpio y preparado para responder a los retos ambientales sin perder competitividad ni conectividad”.
Un plan que responde a obligaciones legales
La resolución se fundamenta en la Ley 1931 de 2018, que ordenó a cada ministerio formular un plan sectorial de gestión del cambio climático, y en la Ley 2169 de 2021, que fijó metas para avanzar hacia una economía más resiliente y con menores emisiones de carbono. Hasta ahora, el sector transporte carecía de un documento que integrara acciones de mitigación y adaptación.
Objetivos: reducción de emisiones y adaptación
El plan no se limita a metas de reducción de emisiones, que ya están definidas en la Ley 2169 de 2021. Busca que la infraestructura sea capaz de soportar inundaciones, deslizamientos, crecientes súbitas y otros eventos extremos que han afectado corredores estratégicos. De esta forma, las filas de vehículos estancados por riesgos climáticos podrían reducirse, mejorando la previsión en cadenas logísticas, costos de transporte, abastecimiento y tiempos de desplazamiento.
Dos líneas de trabajo
La primera línea consiste en reducir emisiones mediante mayor eficiencia energética y tecnologías más limpias. La segunda busca que futuras obras —carreteras, puentes, aeropuertos, puertos y corredores férreos— incorporen criterios de adaptación desde su planeación. Para ello, el plan incluye acciones para fortalecer la regulación, mejorar la información técnica, promover investigación, definir mecanismos de financiación y establecer indicadores de avance.
Actualización y actores responsables
La resolución autoriza su actualización cuando cambien las metas climáticas del país, evolucionen los riesgos o surjan nuevas obligaciones legales. La implementación recaerá sobre las entidades adscritas al sector transporte, mientras que el seguimiento estará a cargo del Grupo de Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible del Ministerio. El plan también será comunicado a Cormagdalena por su papel en la infraestructura fluvial.
