La propuesta del Gobierno Nacional para flexibilizar la operación de taxis entre municipios contiguos ha generado fuertes reacciones en el sector transporte. Empresarios expresaron su rechazo al borrador de decreto que eliminaría la Planilla Única de Viaje Ocasional para este tipo de recorridos, advirtiendo que la medida podría afectar la seguridad vial, la movilidad y las condiciones de competencia dentro del sector.
La alerta del gremio transportador
La Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt) pidió revisar la iniciativa antes de que avance y abrir espacios de diálogo con todos los actores involucrados. Para el gremio, el alcance de la propuesta va más allá de un ajuste regulatorio y podría modificar la forma en que se presta el servicio de transporte entre municipios cercanos.
José Yesid Rodríguez, presidente de Aditt, aseguró que permitir este tipo de operaciones sin los controles actualmente establecidos podría generar riesgos que deben ser evaluados cuidadosamente. Según explicó, existe preocupación por la posibilidad de que se extiendan las jornadas de conducción y aumente la exposición a siniestros viales en trayectos para los cuales estos vehículos no fueron concebidos de manera permanente. "La vida debe estar por encima de cualquier consideración", acotó.
El punto que encendió el debate
La controversia gira alrededor de la eliminación de la Planilla Única de Viaje Ocasional, un requisito que actualmente regula determinadas operaciones de taxis entre municipios contiguos. Según los transportadores, la modificación permitiría que vehículos destinados principalmente al servicio urbano realicen recorridos intermunicipales con menos controles que los exigidos hoy por la normativa vigente.
Ese es precisamente el aspecto que genera mayor preocupación entre las empresas de transporte intermunicipal, ya que a juicio del gremio, cualquier cambio de esta magnitud debería estar acompañado de análisis técnicos que permitan medir sus efectos sobre los usuarios, la operación del sistema y la seguridad en las vías.
Seguridad vial, la principal preocupación
Los transportadores consideran que cualquier modificación regulatoria debe tener como prioridad la seguridad de los usuarios y la prevención de riesgos en carretera, especialmente en corredores donde confluyen diferentes modalidades de transporte. Las empresas habilitadas para prestar servicios intermunicipales deben cumplir requisitos técnicos, operativos y de supervisión establecidos por las autoridades. Por esa razón, permitir operaciones similares bajo condiciones diferentes podría generar desequilibrios dentro del mercado.
Otra de las advertencias planteadas por el gremio apunta al impacto que la medida podría tener sobre los sistemas masivos y estratégicos de transporte, así como sobre el transporte colectivo. Los empresarios consideran que una flexibilización de este tipo podría modificar la demanda de algunos servicios y generar efectos sobre la movilidad regional. También mencionan posibles consecuencias relacionadas con la congestión vehicular y el medio ambiente, aunque insisten en que se requieren estudios que permitan dimensionar esos escenarios.
Llamado al diálogo
Precisamente la ausencia de análisis técnicos conocidos es uno de los puntos que más inquietud genera entre los transportadores. El gremio sostiene que una modificación de esta magnitud debería estar respaldada por información que permita evaluar de manera integral sus efectos sobre la operación del sistema de transporte.
De esta forma, mientras el debate avanza, los empresarios del transporte intermunicipal hicieron un llamado al Gobierno Nacional para revisar el borrador y construir espacios de discusión con el sector. La controversia apenas comienza, pero ya deja en evidencia que la propuesta sobre los taxis entre municipios contiguos se convirtió en un nuevo frente de discusión para la movilidad y el transporte público en el país.
