El Tribunal Superior de Bogotá revocó la sanción impuesta al ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, que incluía cinco días de arresto y una multa de tres salarios mínimos, por el presunto desacato a una tutela presentada por la representante Katherine Miranda. La decisión, emitida el pasado miércoles 8 de julio, determinó que el Ministerio del Trabajo sí cumplió con la orden judicial al responder de manera suficiente el derecho de petición que originó la controversia.
Hecho superado: la clave de la decisión
Los magistrados de la Sala Laboral concluyeron que se configuró una "carencia actual de objeto por hecho superado". En el documento judicial se indicó: "Se configura la carencia actual de objeto por hecho superado. En consecuencia, como la finalidad del incidente de desacato consiste en obtener el cumplimiento de la orden impartida por el juez constitucional y no en sancionar al obligado, se impone revocar la providencia objeto de consulta".
La Sala explicó que el Ministerio entregó una respuesta que cumplía con todos los puntos planteados por la congresista, por lo que el incumplimiento que había motivado la sanción desapareció. El Tribunal aclaró que el objetivo del incidente de desacato no es castigar a un funcionario, sino lograr que se cumpla la orden judicial. Como la respuesta fue entregada antes de que quedara en firme la sanción, los magistrados consideraron que ya no era necesario mantener las medidas impuestas al ministro.
Antecedentes: el derecho de petición de Katherine Miranda
El proceso se remonta a marzo de 2026, cuando la representante a la Cámara Katherine Miranda presentó un derecho de petición ante el Ministerio del Trabajo para conocer las actuaciones de esa cartera frente a denuncias de presunto acoso sexual y violencia basada en género en Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC). La congresista formuló un cuestionario con 12 preguntas relacionadas con las investigaciones y medidas adoptadas por la entidad.
Según Miranda, la respuesta entregada por el Ministerio no resolvía de manera completa los interrogantes planteados. Por esa razón, presentó una acción de tutela al considerar vulnerado su derecho fundamental de petición, mecanismo que garantiza que las entidades estatales respondan de fondo, de forma clara y dentro de los plazos establecidos por la ley.
La orden de tutela y la sanción inicial
El 20 de mayo de 2026, el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Bogotá le dio la razón a la congresista y ordenó al Ministerio del Trabajo emitir una nueva respuesta que atendiera todos los puntos planteados, en un término de 48 horas. La entidad no cumplió en ese plazo, y el 1 de julio el mismo juzgado impuso a Sanguino una sanción de cinco días de arresto y una multa equivalente a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El documento de esa fecha indicaba que Sanguino "no acató el fallo de tutela de fecha 20 de mayo de 2026, que amparó el derecho fundamental de petición de la señora Katherine Miranda Peña". Al conocerse la sanción, Miranda se pronunció en su cuenta de X: "Llevo meses pidiendo información sobre las actuaciones del Ministerio de Trabajo frente a las denuncias de acoso y violencia basada en género en RTVC. El ministro Antonio Sanguino prefirió desacatar una orden judicial antes que responder. Hoy un juez ordena su arresto por encubrir a Hollman Morris. ¿Qué están ocultando?".
Respuesta del Ministerio y revocatoria
Sin embargo, durante el desarrollo del incidente, el Ministerio del Trabajo sí entregó una respuesta que cumplía con los requisitos fijados en la sentencia de tutela. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá concluyó que la contestación fue "congruente y suficientemente motivada frente a la totalidad de los aspectos planteados en la petición".
Con base en ello, el Tribunal revocó la decisión del Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Bogotá del 1 de julio, dejando sin efecto la multa y el arresto contra el ministro Antonio Sanguino.
