Alcaldía de Medellín refuerza vigilancia para prevenir fraudes inmobiliarios
Con el objetivo de proteger a los compradores de vivienda ante posibles estafas e incumplimientos en proyectos inmobiliarios, la Alcaldía de Medellín anunció el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión sobre las empresas dedicadas a la comercialización de inmuebles. La medida principal consiste en exigir a los enajenadores de vivienda la presentación anual de sus estados financieros, lo que permitirá a la Administración Distrital realizar un seguimiento más riguroso de la solidez económica de las compañías y detectar señales de alerta antes de que se materialicen perjuicios para los compradores.
Obligación anual de presentar estados financieros
La nueva obligación quedó establecida mediante una circular expedida por la Secretaría de Gestión y Control Territorial, que fija como fecha límite el primer día hábil de julio de cada año para la entrega de los documentos contables y demás soportes requeridos. Esta información permitirá a la Alcaldía fortalecer las labores de inspección, vigilancia y control sobre un sector que mueve millonarias inversiones y en el que la confianza resulta fundamental.
Según destacó Juan Manuel Velásquez, Secretario de Control y Gestión Territorial, “respetar estas disposiciones permite garantizar un crecimiento equilibrado, proteger el interés colectivo y asegurar la disponibilidad de espacios para obras que mejoren la movilidad, la conectividad y la calidad de vida de las comunidades en la comuna 9”. Con esta medida, el Distrito espera reducir los riesgos de fraudes y generar mayor transparencia en el mercado inmobiliario.
Canales de orientación para compradores afectados
Además de fortalecer los controles preventivos, la Alcaldía recordó que mantiene habilitados canales de orientación para los propietarios que ya adquirieron vivienda y consideran que sus derechos han sido vulnerados. Entre las situaciones que pueden ser objeto de acompañamiento se encuentran fallas en la construcción, retrasos injustificados en la entrega de los inmuebles, incumplimientos frente a las condiciones inicialmente ofrecidas por el vendedor, problemas económicos que afecten la ejecución de los proyectos y la comercialización de viviendas sin contar con los requisitos legales exigidos.
La circular también establece que el incumplimiento en la entrega de la información financiera podría acarrear sanciones para las empresas, aunque la Alcaldía no especificó el tipo de penalidades. La medida busca blindar a los compradores y garantizar que los proyectos inmobiliarios se desarrollen con la debida solvencia económica, evitando así pérdidas millonarias para las familias.
