El director de la Dian, Carlos Emilio Betancourt, afirmó que con las nuevas reglas del régimen aduanero serán fuertes contra quienes mienten y cometen fraude, en una entrevista con Portafolio. La normativa, que está pendiente de sanción presidencial, busca equilibrar mayores garantías para quienes cumplen la ley con sanciones más severas para los evasores.
¿Cómo quedó el nuevo régimen?
Betancourt destacó que el nuevo régimen logra una síntesis difícil: simplificar trámites y reglas aduaneras para los agentes privados, al tiempo que fortalece la autoridad de la Dian para controlar y combatir el contrabando. Se redujo el número de sanciones de 325 a menos de 250, y se incentiva el cumplimiento voluntario. Si un usuario aduanero corrige voluntariamente una declaración de importación y demuestra debida diligencia, no será sancionado.
¿Le dieron más dientes a la Dian?
Se generaron mayores garantías para los usuarios, pero si se incurre en fraude, simulación o falsificación documental, se aplicará la eliminación definitiva de la calidad de usuario aduanero, en lugar de una suspensión temporal. Betancourt explicó que esta es la parte fuerte, pero también hay incentivos al cumplimiento voluntario.
¿Por fin se tiene una ley?
Hasta ahora, la norma vigente era el Decreto 920 de 2023, expedido por facultades extraordinarias del Presidente, debido a que el gobierno anterior no logró tramitar la ley en el Congreso. La Corte Constitucional había hecho tres llamados, el último con plazo hasta el 20 de junio para que el Congreso aprobara la ley, o se generaría un vacío normativo.
¿Cómo hubiera afectado el vacío?
De no aprobarse la ley, se habrían caído 11.200 procesos de fiscalización aduanera, el país habría dejado de recaudar casi $200.000 millones por liquidaciones oficiales, no se habrían podido cobrar sanciones por $790.000 millones, y se habrían tenido que devolver mercancías por $220.000 millones. Además, más de 1.800 procesos judiciales y ocho procesos relacionados con IVA en importación de combustibles, con sanciones por casi $10 billones, se habrían archivado. El impacto fiscal habría sido de entre $2 y $14 billones.
¿Cómo sacaron adelante el proyecto?
Betancourt relató que el proyecto de ley de origen parlamentario inicialmente tenía sanciones muy bajas y ponía la carga de la prueba en la Dian. Tras negociaciones, se logró un consenso: las sanciones mayores aumentaron de 1.000 a 4.000 UVT, y se mantuvo el decomiso como prerrogativa de la autoridad aduanera. Se endurecieron las sanciones para quienes mienten, falsifican o hacen contrabando, pero se redujeron para errores leves cuando se demuestra debida diligencia. “Somos fuertes con los que mienten, pero más suaves con los que cumplen correctamente”, concluyó.
