Con el nuevo panorama político, surge la oportunidad de revisar el sistema tributario colombiano. Los impuestos deben ser una herramienta para el desarrollo económico, el crecimiento empresarial y la confianza inversionista. En este contexto, se propone eliminar o ajustar varias figuras tributarias que han generado distorsiones.
Impuesto sobre la renta y dividendos: tarifas elevadas
Colombia tiene una tarifa de impuesto sobre la renta corporativa del 35% y un impuesto a los dividendos del 15% para residentes y 20% para no residentes. Esto resulta en una carga efectiva del 45% para residentes y 48% para no residentes, una de las más altas del mundo. El promedio en Sudamérica es de 28,38%. Se sugiere ajustar la tarifa corporativa y eliminar el impuesto a los dividendos.
Tasa de tributación depurada: figura compleja y única
Esta institución se ha convertido en un mecanismo alternativo para calcular el impuesto sobre la renta, con reglas que gravan ingresos no realizados, contradiciendo principios constitucionales. Además, es única a nivel internacional y no se alinea con las recomendaciones de BEPS 2. Su eliminación simplificaría el cumplimiento tributario.
Impuesto al patrimonio: confiscatorio y antitécnico
El impuesto al patrimonio para personas naturales, ahora permanente, grava con tarifas entre 0,5% y 1,5% sobre bienes que ya pagaron impuestos. Esto incentiva estructuras para evitar el crecimiento patrimonial. Por ser confiscatorio y no considerar la capacidad contributiva, se recomienda su eliminación.
Impuestos verdes y presencia económica significativa
Se debe evaluar si los impuestos verdes son la herramienta adecuada para controlar externalidades negativas, y si su administración justifica el uso de recursos tributarios. La presencia económica significativa, adaptación colombiana para gravar la economía digital, resta competitividad y genera dudas sobre su efectividad.
Oportunidad de reforma
El inicio del nuevo gobierno es el momento ideal para eliminar estas figuras que dificultan la interpretación y el cumplimiento fiscal. Se busca proteger la seguridad jurídica y lograr un recaudo eficiente.
