La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia busca poner fin a una novela judicial relacionada con la posible responsabilidad de los empresarios Alfonso Dávila Abondano y Juan Carlos Dávila Abondano en el caso de corrupción de Agro Ingreso Seguro, ocurrido durante el ministerio de Agricultura de Andrés Felipe Arias.
De acuerdo con el expediente penal, los hermanos Dávila Abondano suscribieron, como arrendatarios, contratos ficticios con la empresa CI Tequendama, de la cual ambos eran gerente y suplente del gerente, respectivamente. Los condenados fraccionaron el predio Tequendama 1, ubicado en Aracataca, Magdalena, y presentaron de manera independiente dos proyectos productivos a las convocatorias públicas de Agro Ingreso Seguro, logrando suscribir dos acuerdos de financiamiento.
Según la Sala Penal, los hermanos incluso "de manera libre, consciente y voluntaria, suscribieron un preacuerdo con la Fiscalía en el que decidieron aceptar el delito de peculado por apropiación, agravado y tentado bajo la premisa de que les sería impuesta una pena de 24 meses de prisión".
La tutela que tumbó la condena
Sin embargo, los hermanos interpusieron una acción de tutela para proteger sus derechos al debido proceso, la cual fue fallada a su favor el 24 de abril pasado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, el despacho hermano de la Sala Penal, pero especializado en temas laborales, derrumbó todo lo actuado, concluyendo que durante el proceso judicial se habrían vulnerado garantías fundamentales como el debido proceso y el derecho a la defensa.
Ahora, la Sala Penal busca que la Corte Constitucional dirima el conflicto por completo, enviándole el expediente de tutela que tumbó la condena. Entre sus facultades, la Corte Constitucional conoce los casos basados en procesos de tutela y puede decidir sobre ellos si lo considera necesario, como un asunto novedoso o de trascendencia nacional.
"La sentencia emitida por la Sala de Casación Penal explicó en detalle por qué los procesados carecían de legitimación en la causa para elevar sus reproches y también los motivos que enseñaban por qué la conducta que cometieron, en el marco del denominado caso 'Agro Ingreso Seguro', sí debía ser penalmente sancionada. Por esos motivos, y en aras de agotar los canales institucionales y jurisdiccionales que corresponden, esta Sala solicitó ante la Corte Constitucional que se seleccione el fallo de tutela STL6294-2026 para su revisión", explicó la Sala Penal.
El choque de criterios dentro de la Corte Suprema
El eje de la controversia judicial está en el preacuerdo firmado entre los empresarios y la Fiscalía General de la Nación, cuando el expediente estaba en la fase penal. Según la Sala Laboral de la Corte Suprema, durante la revisión de ese acuerdo no hubo un control judicial completo, lo que habría generado irregularidades que terminaron afectando la validez de todo el proceso.
Uno de los puntos más relevantes de la decisión tiene que ver con la interpretación del desistimiento de los empresarios frente a los recursos del programa. Mientras la Sala Penal había sostenido que frenaron la operación por la presión mediática que rodeó el escándalo, la Sala Laboral concluyó que esa hipótesis no tenía respaldo probatorio suficiente.
Con esa decisión de la Sala Laboral, el expediente volvió al Juzgado 25 Penal del Circuito de Bogotá, que deberá convocar una nueva audiencia y revisar nuevamente la legalidad del preacuerdo, para determinar cómo continúa el proceso judicial.
La determinación abrió un choque de criterios dentro de la Corte Suprema, ya que una sala dejó sin efectos una condena ratificada por otra. El caso revive el debate sobre los límites de la tutela frente a decisiones judiciales ya ejecutoriadas y vuelve a poner bajo la lupa uno de los escándalos más recordados de corrupción en la entrega de subsidios estatales en Colombia.
