Cuando la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se alistaba para debatir la ponencia del magistrado Misael Rodríguez, que proponía rechazar los recursos de impugnación contra la acusación de seis congresistas y la medida de aseguramiento de dos de ellos por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), dos nuevas recusaciones dilataron el trámite.
Recusación de Manzur contra el magistrado Alarcón
La defensa de Wadith Manzur radicó una recusación contra el magistrado Héctor Javier Alarcón, alegando dudas sobre su imparcialidad en la decisión que avaló la medida de aseguramiento en su contra. El punto de partida es la aclaración de voto de Alarcón en la providencia del 14 de abril de 2026, donde respaldó la detención preventiva al advertir un supuesto riesgo para la comunidad, apoyado en un documento hallado durante un allanamiento a la vivienda de la exasesora Andrea Carolina Ramírez Oliveros, que evidenciaría posibles relaciones clientelares entre el Ministerio de Hacienda y el Congreso.
Sin embargo, la defensa subraya que ese documento no menciona a Manzur, sino a otros congresistas como Liliana Bitar y Juan Pablo Gallo, contra quienes el magistrado no justificó medidas de aseguramiento. Esto, a juicio de la defensa, configura un trato desigual e injustificado.
Cambio de postura del magistrado
Además, la defensa señala un cambio de postura del magistrado: en una decisión del 24 de julio de 2025, Alarcón había votado en contra de imponer medida de aseguramiento. Para la defensa, este giro carece de explicación y se apoya en lo que califican como "anomalías valorativas".
Uno de los alegatos sostiene que el magistrado avaló inferencias sobre la existencia de una organización criminal para sustentar el peligro para la comunidad, pese a que la propia Sala había concluido en 2025 que no existían elementos para inferir vínculos con estructuras criminales.
También se menciona que Alarcón, en su aclaración de voto, hizo referencia a un encuentro entre Manzur y María Alejandra Benavides, donde el congresista habría dicho "ahí no hay nada", interpretando la frase como un intento de incidir en su declaración. La defensa recalca que el encuentro ocurrió en un espacio público y por iniciativa de Benavides.
Recusación de Manrique contra los conjueces
Por su parte, la defensa de Karen Manrique recusó a los dos conjueces que dirimieron el empate en la Sala sobre el llamado a juicio y el envío a la cárcel de los dos parlamentarios. Actualmente, Manzur se encuentra detenido en la Escuela de Carabineros en Bogotá, mientras que Manrique permanece privada de la libertad en una guarnición militar de Malambo, Atlántico.
Señalamientos de doble rasero
La defensa de Manzur también advierte que el magistrado Alarcón guardó silencio frente a otro hecho que consideran más grave: la visita de la coacusada Liliana Bitar a un apartamento, donde habría pedido borrar conversaciones de WhatsApp. Ese episodio no fue valorado ni produjo consecuencias en la medida de aseguramiento dictada únicamente contra Manzur y Manrique.
Para la defensa, esta diferencia en la valoración de hechos similares, e incluso más graves en el caso de Bitar, evidencia un doble rasero que vulnera el principio de igualdad procesal y pone en entredicho la imparcialidad del magistrado.
Consecuencias de las recusaciones
Las recusaciones suspenden el trámite de los recursos de impugnación contra la acusación de los seis congresistas procesados: Wadith Manzur, Karen Manrique, Juan Pablo Gallo, Liliana Bitar, Julián Peinado y el excongresista Juan Diego Gómez. El magistrado Rodríguez presentará una nueva ponencia sobre este recurso y luego dará trámite a las reposiciones y solicitudes de prisión domiciliaria.
La decisión final sobre la detención de los congresistas queda así aplazada hasta que se resuelvan las recusaciones.
