Alerta máxima por la independencia judicial en Colombia
En un contexto de creciente tensión política tras la suspensión del decreto que incrementaba el salario mínimo, el presidente del Consejo de Estado, magistrado Alberto Montaña Plata, ha realizado un llamado urgente para proteger la independencia judicial y ha advertido sobre riesgos concretos para la seguridad de los jueces en el país.
Un llamado a respetar las decisiones judiciales
En entrevista exclusiva con Noticias RCN, el jurista con más de siete años en la corporación señaló que, si bien la ciudadanía tiene pleno derecho a opinar sobre las decisiones judiciales, este ejercicio democrático no puede convertirse en un mecanismo de presión contra los tribunales. Montaña Plata explicó que la Comisión Interinstitucional, que reúne a los presidentes de las altas cortes y a la Fiscal General, emitió un pronunciamiento conjunto tras identificar un ambiente hostil hacia la Rama Judicial.
"Desde las altas cortes hemos percibido no solo irrespeto, sino manipulación de las decisiones judiciales", afirmó el magistrado con preocupación evidente en sus declaraciones.
Fallo técnico con impacto político
El magistrado reconoció abiertamente que las sentencias judiciales pueden tener impactos políticos, económicos y sociales significativos, lo que genera reacciones naturales en un Estado democrático como el colombiano. Sin embargo, advirtió con firmeza que existe una "línea roja" claramente definida cuando esas reacciones buscan instrumentalizar la justicia para fines particulares o políticos.
Frente a las críticas provenientes de gremios empresariales y organizaciones sindicales, Montaña Plata aclaró de manera enfática que el alto tribunal "no atenta contra trabajadores ni contra empleadores". Explicó detalladamente que la suspensión provisional del decreto respondió exclusivamente a razones técnicas relacionadas con la forma en que fue expedida la norma, y no al monto específico del salario mínimo establecido.
Incidentes de seguridad que preocupan
La tensión institucional aumentó considerablemente luego de que el presidente Gustavo Petro convocara a manifestaciones públicas en respuesta al fallo judicial. Aunque Montaña reiteró el respeto de la corporación por el derecho constitucional a la protesta pacífica, advirtió con seriedad sobre los riesgos de trasladar esa presión a los estrados judiciales.
"Cuando esas manifestaciones afectan la independencia judicial, afectan la seguridad de los jueces, entonces ahí tenemos que reaccionar", afirmó el magistrado con tono de alerta.
En revelaciones preocupantes, Montaña Plata detalló que recientemente se presentó un incidente concreto que comprometió la movilidad y seguridad de funcionarios judiciales. Según su explicación, durante una jornada de protestas sociales, algunos jueces de lo contencioso administrativo y magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no pudieron salir de sus lugares de trabajo debido a las manifestaciones en los alrededores.
Defensa institucional de la autonomía judicial
La Comisión Interinstitucional decidió pronunciarse formalmente ante este escenario complejo, en defensa del orden institucional y la separación de poderes que caracteriza al Estado colombiano. Este organismo, que representa la máxima instancia de coordinación entre las ramas judiciales, busca proteger la autonomía que requiere el sistema de justicia para funcionar adecuadamente.
Finalmente, Montaña Plata hizo un llamado directo a la ciudadanía colombiana para comprender que las decisiones judiciales se adoptan con fundamento en la independencia y el marco legal vigente. Si bien reconoció la legitimidad de la movilización social como expresión democrática, pidió con énfasis que esta no se convierta en un mecanismo de coacción contra los tribunales superiores del país.
El magistrado recordó además que existen mecanismos legales establecidos para impugnar decisiones judiciales, sin necesidad de ejercer presión directa sobre los jueces que las emiten. Este llamado se produce en un momento particularmente delicado para las instituciones colombianas, donde el equilibrio entre protesta social y respeto institucional se encuentra bajo examen constante.
