El Consejo de Estado ha emitido una medida cautelar que suspende de manera provisional varios apartes del Decreto 572 de 2025, emitido por el Gobierno Nacional. Esta normativa tenía como objetivo adelantar parte del recaudo del impuesto de renta de las empresas, originalmente previsto para 2026, con el fin de incrementar el flujo de recursos estatales y hacer frente a las dificultades fiscales y de caja que enfrenta la administración.
Detalles de la suspensión
La decisión del alto tribunal deja sin efectos los apartes del decreto que modificaban las bases mínimas y las tarifas de retención y autorretención en la fuente aplicables a diversos ingresos tributarios. Esta medida responde a las demandas presentadas por diferentes sectores que consideraban que el decreto vulneraba principios constitucionales y legales.
Implicaciones fiscales
La suspensión provisional del Decreto 572 de 2025 representa un revés para las proyecciones fiscales del Gobierno, que buscaba aliviar la presión sobre las finanzas públicas mediante el adelanto de estos recursos. Expertos en derecho tributario señalan que esta decisión podría generar incertidumbre en el sector empresarial y afectar la planificación financiera de las compañías.
El Consejo de Estado deberá resolver de fondo la legalidad del decreto, mientras tanto, la medida cautelar se mantendrá vigente. Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre los argumentos jurídicos que fundamentaron esta suspensión.
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