La Corte Suprema mancha la memoria de un denunciante de corrupción
En una decisión judicial que ha generado profunda controversia, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia ha vinculado al fallecido ingeniero Jorge Enrique Pizano con el conocido 'carrusel de la contratación de Bogotá', en una sentencia dictada ocho años después de su muerte y sin que el interventor de obra pudiera ejercer su derecho fundamental a la defensa.
Un fallo que ignora el debido proceso
Según el análisis del fallo realizado por juristas expertos cercanos al alto tribunal, las menciones que "lesionan la dignidad y honra de Pizano" en la sentencia contra el exsenador Iván Moreno no constituyen el resultado de un análisis sobre la conducta del ingeniero, sino que únicamente reflejan testimonios de declarantes que nunca pudieron ser contrastados con el propio afectado.
El problema central radica en que la Corte Suprema se extralimitó en sus funciones al incluir estas afirmaciones en un expediente que nada tenía que ver con el papel específico de Pizano, quien además no era aforado y, por tanto, no podía ser procesado por este tribunal ni en vida ni después de fallecido.
La persecución de un denunciante
Jorge Enrique Pizano es recordado en Colombia por haber denunciado, hasta el día de su muerte en 2018, actos de inmensa corrupción en la concesión Ruta del Sol, el megaproyecto vial entre el interior del país y la costa Caribe desarrollado por las constructoras de la brasileña Odebrecht y el colombiano Grupo Aval.
La ironía histórica es profunda: el mismo hombre que grabó conversaciones reveladoras con Néstor Humberto Martínez Neira -entonces consejero jurídico del Grupo Aval y posteriormente fiscal general- sobre irregularidades en los contratos, terminó siendo investigado sospechosamente por la Fiscalía en 2017, cuando Martínez ya ocupaba la máxima dirección de esa entidad.
Un precedente peligroso para la justicia
Lo más preocupante del caso es que se trata de una sentencia anticipada, situación en la que el procesado Iván Moreno acepta su responsabilidad y se dicta fallo sin realizar pruebas ni examinarlas a fondo. Los magistrados de la Sala de Primera Instancia, pese a sus altas calidades, no explicitieron en ninguna parte del documento que no podía inferirse responsabilidad penal de Pizano por:
- Ausencia de contraste de evidencias
- Falta de competencia del tribunal para juzgarlo
- Imposibilidad de garantizarle el ejercicio de sus derechos fundamentales al estar fallecido
El daño causado a la memoria de Jorge Enrique Pizano y a su familia está hecho. Su esposa e hijas cargan ahora con el peso adicional de ver manchado el nombre de quien dedicó sus últimos años a denunciar corrupción, mientras el sistema judicial colombiano deja en evidencia graves falencias en la protección del debido proceso, incluso para quienes ya no están presentes para defenderse.
