Corte Suprema mantiene en prisión a exalta consejera Sandra Ortiz por caso UNGRD
La Corte Suprema de Justicia ha negado de manera definitiva la acción de tutela interpuesta por la exalta consejera para las Regiones, Sandra Ortiz, quien buscaba recuperar su libertad mientras enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en el saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Esta decisión judicial representa un nuevo revés para la exfuncionaria, quien se convirtió en la primera figura del gobierno del presidente Gustavo Petro en ser privada de la libertad por este escándalo de corrupción.
Una seguidilla de recursos fallidos
La defensa de Sandra Ortiz ha agotado múltiples vías legales en su intento por lograr que la exfuncionaria pueda enfrentar el proceso fuera de la cárcel. El recorrido judicial incluye:
- Libertad por vencimiento de términos: Solicitada ante el Juzgado 26 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, que negó la petición el 19 de enero de 2026.
- Hábeas corpus: Presentado ante la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que declaró improcedente la acción. Esta decisión fue confirmada por la Sala Laboral homóloga el 30 de enero de 2026.
- Acción de tutela: Presentada ante la Corte Suprema, que ahora ha sido igualmente negada.
Argumentos controvertidos en la tutela
En su última acción legal, Ortiz cuestionó las decisiones adoptadas en el trámite del hábeas corpus, calificando como "preocupante" lo resuelto por las autoridades judiciales. La exfuncionaria sostuvo que las autoridades "dejaron de estudiar las justas reclamaciones planteadas" y se limitaron a señalar que debía esperar la resolución de la apelación presentada dentro del trámite de libertad por vencimiento de términos, pese a que -según ella- ya había desistido de ese recurso.
Ortiz argumentó que no compartía la decisión de negar el amparo bajo el argumento de que la actuación seguía en trámite porque la apelación no había sido resuelta, aun cuando -afirmaba- había acreditado el desistimiento de la alzada. Sin embargo, las autoridades judiciales consideraron que el desistimiento no producía efectos inmediatos, al estimar que requería aceptación judicial previa, una exigencia que según la accionante no está prevista en el Código de Procedimiento Penal.
El fondo del caso: saqueo a la UNGRD
Sandra Ortiz enfrenta cargos por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias relacionados con el escándalo de corrupción en la UNGRD. La exfuncionaria ha estado privada de la libertad desde el 18 de diciembre de 2024, según lo señalado en la tutela. Su caso se ha convertido en un símbolo de las investigaciones por corrupción durante el actual gobierno y ha mantenido atención mediática constante desde que se conocieron los primeros detalles del presunto desfalco a la entidad encargada de gestionar riesgos de desastres en Colombia.
En la tutela rechazada, Ortiz no solo pidió el amparo de los derechos fundamentales invocados, sino que solicitó que se revisara la postura adoptada por los jueces en el trámite del hábeas corpus frente al desistimiento del recurso de apelación, con el objetivo de que, ante la supuesta vulneración de sus garantías, se ordenara restablecer su libertad. La Corte Suprema, sin embargo, consideró que no había lugar a la acción de tutela, manteniendo así a la exfuncionaria en prisión mientras continúa el proceso en su contra.
