Debate candente en Colombia: ¿Endurecer las penas para menores que delinquen?
En el marco de las elecciones legislativas del 8 de marzo, el 'Debate de la gente' organizado por Noticias RCN, La FM, El Tiempo y CityTV puso sobre la mesa uno de los temas más sensibles: el reclutamiento de niños y adolescentes para cometer delitos graves como homicidio y extorsión. La pregunta central fue directa: ¿debería disminuirse la edad para que los jóvenes asuman responsabilidad penal y enfrenten sanciones más severas? Esto generó un enfrentamiento entre las cabezas de lista al Senado, exponiendo posturas divergentes sobre justicia y protección juvenil.
Posturas a favor de penas más severas
Enrique Gómez, del Movimiento Salvación Nacional, sostuvo que el crimen organizado ha convertido el reclutamiento de menores en un "oficio" lucrativo. Argumentó que estos jóvenes tienen capacidad para distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, defendiendo la responsabilidad penal incluso para preadolescentes. Además, planteó la necesidad de transformar el rol del Estado frente a la juventud, advirtiendo que no se puede ser benigno con los criminales.
Andrés Forero, del Partido Centro Democrático, señaló que el debate no solo involucra los derechos de los jóvenes, sino también los de las víctimas. Afirmó que defectos en la legislación han permitido a las bandas instrumentalizar menores, creando incentivos perversos. En casos como el homicidio, sostuvo que una persona de 14 años sabe que está mal y debe responder ante la justicia.
Óscar Ortiz, del Partido Oxígeno, afirmó que el régimen actual, aunque diseñado para proteger, terminó convirtiendo a los jóvenes en presas de organizaciones criminales. Insistió en que debe haber responsabilidad, pero también es indispensable crear incentivos adecuados en educación, programas sociales y empleo para prevenir el reclutamiento.
Carlos Fernando Motoa, de la Coalición Cambio Radical y Alianza por la Libertad, la Moral y la Acción (ALMA), declaró que "si delinque como adulto tiene que ser tratado como adulto", dejando este debate al próximo Congreso. Reconoció la necesidad de oferta institucional, pero afirmó que quienes cometen delitos deben enfrentar el peso de la ley, criticando el sistema de responsabilidad penal para adolescentes como insuficiente.
Posturas en contra de endurecer las penas
Juan Felipe Lemos, del Partido de la U, planteó que el problema es más complejo, cuestionando si el responsable principal es el reclutador o el joven ejecutor. Argumentó que endurecer penas no reduce la reincidencia, abogando por dar segundas oportunidades y aplicar sanciones duras contra quienes instrumentalizan menores, pero no a los jóvenes salvo en condiciones especiales.
Luis Eduardo Garzón, de la Alianza Verde, defendió que a un delincuente joven debe dársele un tratamiento juvenil, sin quitarle derechos. Cuestionó si el castigo realmente resocializa y priorizó evitar la instrumentalización, respaldando acciones firmes contra los reclutadores.
Juan Sebastián Gómez, de la Coalición Ahora Colombia, afirmó que el objetivo debe ser "arrebatarle los jóvenes a la guerra". Advirtió contra aumentar penas por inercia y reducir presupuestos culturales, insistiendo en que el Estado debe ofrecer oportunidades reales para alejarlos del crimen.
Carolina Corcho, del Pacto Histórico, sostuvo que se debe evaluar el perfil de los jóvenes, a menudo de clases bajas. Planteó políticas sociales hacia la juventud y ser duros con los reclutadores, a quienes calificó como criminales de guerra cuando usan menores, rechazando negociaciones con estos grupos.
Cruces y réplicas en el debate
Las intervenciones desataron réplicas directas. Enrique Gómez respondió a Juan Sebastián Gómez, señalando que la mayoría de los jóvenes no quiere delinquir, pero el crimen organizado domina y la ausencia de responsabilidad criminal los convierte en criminales. Juan Sebastián replicó que aumentar penas no resuelve la reincidencia, enfatizando la necesidad de presencia estatal.
David Barguil, del Partido Conservador, argumentó que se trata de crímenes atroces, como el caso de Miguel Uribe, y que endurecer penas podría evitar que niños sean "carne de cañón", haciendo menos atractivo contratar sicarios jóvenes. Juan Felipe Lemos cuestionó esto, preguntando qué impediría a grupos preferir jóvenes si no enfrentan normas, a lo que Barguil respondió que eliminar incentivos reduciría su uso.
Carlos Fernando Motoa acusó al gobierno de Gustavo Petro de aumentar el reclutamiento por la política de "paz total", pidiendo proteger a menores y brindarles oportunidades. Carolina Corcho respondió destacando las incautaciones de cocaína bajo este gobierno, rechazando la crítica. Motoa replicó que hay mayor oferta de cocaína, cuestionando la erradicación y señalando que Colombia podría ser el primer productor mundial.
Finalmente, mientras algunos abogaron por responsabilidad penal para preadolescentes y trato adulto en delitos graves, otros insistieron en protección constitucional, resocialización y oferta institucional como única salida para evitar que niños y adolescentes sigan siendo instrumentalizados por estructuras criminales.
