Casa por cárcel para general retirado y dos implicados en red de chuzadas
El general en retiro Humberto Guatibonza, junto a su exasesor de prensa Carlos Eduardo Arenas y el ciudadano Julián Villarraga, obtuvieron el beneficio de detención domiciliaria mientras esperan su llamado a juicio por seis delitos relacionados con una organización criminal dedicada a interceptaciones ilegales. La decisión fue tomada por el juzgado noveno de Control de Garantías, pese a las objeciones de las autoridades investigadoras.
Controversia judicial y recursos de apelación
Tanto la Fiscalía General de la Nación como la Procuraduría General interpusieron recursos inmediatos contra la determinación judicial. Las entidades consideran que existen riesgos significativos para la preservación de evidencias electrónicas, fundamentales para sustentar al menos 175 carpetas de casos de chuzadas ilegales atribuidas a esta organización.
El operativo que llevó a la captura de Guatibonza fue de gran magnitud y reveló que al menos seis empresas estaban vinculadas a la red de interceptaciones, incluyendo HGC Consultoría, firma propiedad del exoficial. A pesar de la gravedad de los cargos, el juez determinó que los tres implicados podrían esperar el proceso judicial desde sus hogares.
Fundamentos de la decisión judicial
Para el magistrado, los tres acusados cumplían principalmente funciones de captación de clientes para la organización criminal, sin ser los responsables materiales de ejecutar las interceptaciones ilegales. Esta distinción fue crucial en la decisión, ya que el juez consideró que no poseían la capacidad técnica para continuar adelantando actividades ilícitas desde sus domicilios.
"Aunque reconozco el riesgo potencial de pérdida de evidencia electrónica", señaló el funcionario judicial, "en casos similares como el de la hacker María Alicia Pinzón, incluso la Fiscalía avaló su detención domiciliaria". El juez subrayó que Pinzón operaba directamente el software malicioso desde la misma vivienda donde cumplía su medida, estableciendo un precedente que consideró aplicable.
Diferencias con otros implicados en el caso
Actualmente permanecen detenidos en establecimientos carcelarios otros dos protagonistas de este escándalo: el coronel en retiro Jorge Salinas y el mayor Luis Mesías Quiroga Cubillos. El juez explicó que sus situaciones difieren sustancialmente, ya que ejercían control directo sobre los sistemas informáticos utilizados para las actividades ilegales, no siendo meros clientes de la organización.
La Fiscalía argumentó en su recurso que no puede equipararse la situación jurídica de Pinzón -quien negocia actualmente con la justicia- con la de Guatibonza, Arenas y Villarraga. Parte de la negociación con la hacker incluía específicamente su permanencia domiciliaria para reconstruir las pruebas técnicas de los 175 casos documentados.
Complicaciones en la negociación con la hacker principal
Actualmente, el proceso de negociación con María Alicia Pinzón se encuentra estancado debido a su negativa a revelar la identidad de una persona que la asistía en las interceptaciones ilegales. Esta situación llevó a la delegada de la Procuraduría a argumentar que la respuesta adecuada no sería extender el beneficio de casa por cárcel a los tres nuevos imputados, sino revocar la detención domiciliaria de la hacker principal.
Actualización sobre el desarrollo procesal
Mediante sentencia de primera instancia del 10 de abril de 2025, el Juzgado 35 Penal del Circuito de Bogotá absolvió a Carlos Eduardo Arenas Valero de los cargos formulados por la Fiscalía. Esta decisión fue apelada por el ente investigador y actualmente se encuentra pendiente de resolución por parte del tribunal de segunda instancia, manteniendo en suspenso el desenlace definitivo de este complejo caso judicial.
El escándalo de las chuzadas continúa revelando las complejidades del sistema judicial colombiano al enfrentar delitos de alta tecnología, donde las decisiones sobre medidas cautelares generan intensos debates sobre la proporcionalidad, el riesgo procesal y la preservación de pruebas en casos de interceptaciones ilegales.
