Interpol cancela circular roja contra exdirector del Dapre por error en solicitud colombiana
La Secretaría General de Interpol ha procedido a eliminar la circular roja que pesaba contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), quien actualmente se encuentra asilado en Nicaragua y es señalado como presunto cerebro del desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Error en la solicitud colombiana
La decisión, consignada en el oficio GS-2026-048826-DIJIN revelado por Noticias RCN, se fundamenta en un error cometido por Colombia al presentar la solicitud. Las autoridades colombianas incluyeron información protegida por el derecho internacional, datos que Interpol no puede utilizar, compartir ni hacer públicos bajo ninguna circunstancia.
"La Comisión ha decidido que estos datos sean eliminados y la Secretaría General de Interpol ha procedido a su eliminación", señala el documento oficial. El organismo precisó que la información contenida "se considera información confidencial con arreglo al derecho internacional" y que la Comisión está obligada a respetar las obligaciones internacionales de la organización.
Posibilidad de nueva solicitud
Sin embargo, Interpol dejó abierta una puerta para Colombia: "Existe la posibilidad de elevar una nueva solicitud de publicación de notificación roja, siempre que se aporten elementos materiales probatorios o información relevante relacionada con hechos nuevos que no haya sido objeto de estudio en el proceso actual".
Esto significa que Colombia puede volver a solicitar la circular roja, pero deberá corregir el error que invalidó la primera petición. Con la eliminación de la circular, González queda sin restricciones de movilidad internacional, lo que teóricamente le permitiría desplazarse fuera de Nicaragua, país que le otorgó asilo político en agosto de 2025.
Antecedentes del caso
La circular roja había sido aprobada y publicada el 22 de septiembre de 2025, luego de que la Fiscalía la solicitara formalmente el 4 de julio de ese año. El objetivo era activar los mecanismos de búsqueda en los 196 países miembros de Interpol para que González respondiera en Colombia por los delitos de:
- Cohecho por dar u ofrecer
- Peculado por apropiación
- Lavado de activos
La acusación formal se presentó el 29 de enero de 2026 ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, donde González compareció mediante conexión virtual desde Nicaragua.
Detalles de la acusación
Según el escrito de acusación, "en la oficina del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), ubicada en el Palacio de Nariño, a mediados de septiembre de 2023, González Merchán ordenó a Olmedo López entregar a los entonces presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes del Congreso de la República, Iván Leónidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas, respectivamente, contratos de la UNGRD por valor de 60.000 millones de pesos para el primero y 10.000 millones de pesos para el segundo".
El documento también detalló que la instrucción incluyó la entrega de 4.000 millones de pesos en efectivo: 3.000 millones para el entonces presidente del Senado, Iván Name, canalizados a través de la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, y 1.000 millones para el entonces presidente de la Cámara, Andrés Calle.
Los recursos provinieron de un contrato de 46.000 millones de pesos para la compra de 40 carrotanques destinados al suministro de agua en La Guajira.
Orden de captura vigente
Pese a la eliminación de la circular roja, la situación judicial de González en Colombia no varía. El 12 de febrero de 2026, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmó la medida de aseguramiento en centro carcelario en su contra, al concluir que las pruebas sobre su presunta participación como determinador en el esquema de sobornos de la UNGRD son suficientes para justificar su privación de la libertad.
El alto tribunal respaldó la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, proferida en septiembre de 2025, que encontró acreditada la inferencia razonable de autoría de González en los tres delitos imputados. La Sala señaló que el señalamiento en su contra se robusteció con las declaraciones del exsenador Iván Name, "quien aceptó haber acordado con el accionante la entrega de la coima".
La providencia también citó el "peligro para la comunidad" y la "red de contactos construida por el accionante en cargos de alta jerarquía" como factores que justifican mantener la medida cautelar mientras avanza el juicio.
Crisis diplomática con Nicaragua
La fuga de González generó una crisis diplomática entre Colombia y Nicaragua. Investigaciones posteriores revelaron que el encargado de negocios de la embajada colombiana en Managua, Óscar Muñoz, presuntamente facilitó la renovación de los documentos migratorios de González para que pudiera permanecer en ese país mientras avanzaba el proceso judicial en su contra.
González y su esposa fueron alojados en la sede diplomática colombiana en Managua entre septiembre de 2024 y febrero de 2025. Por estos hechos, la Procuraduría General de la Nación adelanta una indagación previa, con funcionarios del Ministerio Público realizando una inspección de tres días en la Cancillería, donde revisaron más de 600 correos electrónicos para establecer si hubo colaboración de funcionarios en la tramitación de la residencia del exdirector del Dapre.
