Fallas en procedimiento judicial liberan a detenidos con millonaria suma en La Guajira
En un caso que ha generado amplio revuelo nacional, un juez del municipio de Hatonuevo, en el departamento de La Guajira, ordenó la libertad de dos personas que habían sido capturadas con 145 millones de pesos en efectivo y material de campaña política, justo antes de las elecciones al Congreso de la República. La decisión judicial se basó en irregularidades detectadas en el procedimiento llevado a cabo por las autoridades.
Detalles del operativo y los implicados
El operativo se realizó en una vía de La Guajira, donde las autoridades incautaron la considerable suma de dinero y propaganda electoral vinculada a la campaña al Senado de Daniel Restrepo. Entre los detenidos se encontraba Luis Alfredo "El Toro" Acuña Vega, un escolta adscrito a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que formaba parte del esquema de seguridad del secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture Peñaloza.
La audiencia preliminar se llevó a cabo ante el Juzgado Promiscuo Municipal con funciones de control de garantías de Hatonuevo, donde la defensa de los capturados, conformada por un pool de abogados que incluía a Iván Fuentes, argumentó que existieron múltiples fallas en el procedimiento policial y fiscal.
Irregularidades en el proceso legal
Según el abogado Iván Fuentes, quien concedió una entrevista a la emisora Cardenal Stéreo de Riohacha, durante la audiencia se evidenciaron serias irregularidades. "Se pudo determinar por parte de la bancada de defensa y por la propia jueza que llevó el caso que efectivamente hubo muchas fallas en el procedimiento", afirmó el jurista.
Entre las principales irregularidades señaladas por la defensa se encuentran:
- Vulneración de términos legales: La audiencia comenzó pasadas las 32 horas de la captura, acercándose peligrosamente al límite máximo de 36 horas establecido por ley.
- Falta de pruebas contundentes: El fiscal no logró demostrar que el dinero provenía de una conducta punible, requisito esencial para configurar los delitos inicialmente imputados.
- Cambio en la tipificación del delito: Durante la audiencia se habría hecho referencia a lavado de activos, cuando inicialmente se les imputó omisión de información sobre transacciones en efectivo.
La defensa califica el caso como "ataque mediático"
Uno de los aspectos más controvertidos señalados por la defensa fue la divulgación anticipada de imágenes y videos del procedimiento a través de redes sociales y medios de comunicación. Fuentes calificó lo ocurrido como un "ataque mediático" y aseguró que la responsabilidad penal es individual, por lo que no pueden hacerse inferencias sin pruebas contundentes.
"No podemos permitir que en un proceso penal primero se conozcan en el mundo entero por vías de redes sociales y medios de comunicación antes que lo conozca el verdadero responsable de determinar si efectivamente esos procedimientos se dieron acorde a los lineamientos legales y constitucionales", manifestó el abogado, quien incluso mencionó una posible "violación a la cadena de custodia".
Sobre el dinero y el material político
Frente a las versiones que indican que el dinero iba distribuido en paquetes con nombres específicos y acompañado de afiches políticos, Fuentes aclaró que esa información forma parte de la investigación en curso. "Eso es precisamente lo que se está en estudio de investigación y por supuesto se tenía que, por parte de la Fiscalía, determinar que efectivamente el destino final de ese dinero era precisamente para compra de votos", puntualizó.
El abogado también defendió la legalidad del transporte del efectivo, argumentando que "transportar dinero no es ilegal. Yo puedo transportar cualquier suma de dinero en mi poder y no está prohibido por la ley". Hasta el momento, no se ha establecido oficialmente la procedencia ni el destino de los recursos incautados.
Consecuencias inmediatas y seguimiento del caso
Aunque los capturados recuperaron su libertad al finalizar la audiencia en la noche del martes 3 de marzo, el dinero y el vehículo permanecen bajo custodia mientras se resuelven trámites administrativos. Se espera que sean entregados en las próximas horas, según informaron las autoridades.
La defensa técnica estuvo a cargo de los abogados Iván Cancino González, José Wilson Guerra y el propio Iván Fuentes, quienes anunciaron que continuarán atentos al curso de las investigaciones. "La Fiscalía tiene que adelantar las investigaciones correspondientes, pero que se haga acorde a los lineamientos legales y constitucionales y no se especule tanto como en este caso se especuló", concluyó Fuentes.
Este caso pone en evidencia las tensiones entre la necesidad de combatir posibles irregularidades electorales y el respeto a las garantías procesales en el sistema penal colombiano, especialmente en contextos de alta sensibilidad política como las elecciones al Congreso.
