El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, marcó distancia frente al tono utilizado desde algunos sectores del Gobierno en las discusiones públicas con las altas cortes, en medio de la creciente tensión entre el presidente Gustavo Petro y los magistrados por decisiones relacionadas con la reforma pensional y otros temas de alto impacto político.
Durante una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el jefe de la cartera de Justicia reconoció que el ambiente institucional atraviesa un momento complejo, aunque insistió en que las relaciones entre el Ministerio y las cabezas de las cortes continúan siendo “armónicas, fluidas y respetuosas”.
“Preferiría que el lenguaje fuera en otro tono”
Cuervo admitió que no comparte el nivel de confrontación pública que se ha evidenciado en los últimos días y sostuvo que las diferencias jurídicas deben tramitarse mediante argumentos y recursos legales, no a través de ataques personales. “Yo preferiría que el lenguaje institucional de todos los que hacemos parte del Gobierno fuera en otro tono”, afirmó el ministro durante la conversación radial.
El funcionario explicó que, aunque tiene profundas diferencias jurídicas frente a algunas decisiones del Consejo de Estado relacionadas con la reforma pensional, considera que la vía correcta es acudir a mecanismos institucionales. “Uno puede ser muy duro con los argumentos en el ámbito jurídico, pero yo sí creo que el tono de la discusión a nivel público y a nivel personal debe ser distinto y siempre orientado a preservar la armonía institucional entre las ramas del poder público”, señaló.
La controversia por los fondos pensionales
Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la discusión sobre la suspensión del traslado de recursos de los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones, tema que ha generado un fuerte choque entre el Ejecutivo y el Consejo de Estado. Cuervo explicó que existen dos escenarios distintos dentro de la controversia jurídica.
El primero corresponde a ciudadanos que todavía no consolidan los requisitos para pensionarse y cuyos recursos continúan administrados por los fondos privados. Sobre ese punto, aseguró que la decisión judicial le parece razonable. Sin embargo, expresó reparos frente al segundo auto del Consejo de Estado, relacionado con personas que ya consolidaron edad y semanas para acceder a la pensión tras acogerse a la denominada “ventana de oportunidad”.
“Es apenas lógico que si usted se trasladó y ya le van a tener que pagar su pensión porque consolidó su edad, pues esa plata tiene que estar en Colpensiones”, sostuvo el ministro. El titular de Justicia cuestionó además que el Consejo de Estado haya utilizado normas de la reforma pensional que actualmente se encuentran suspendidas por la Corte Constitucional. “Eso jurídicamente no tiene ni pies ni cabeza”, afirmó Cuervo al referirse a la decisión judicial.
Relaciones con las cortes y la Fiscalía siguen “fluidas”
A pesar de la tensión política, el ministro insistió en que el trabajo institucional continúa desarrollándose con normalidad. Según explicó, recientemente sostuvo conversaciones con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrados del Consejo de Estado y la fiscal general. “En lo que tiene que ver con mi relación como ministro de Justicia con las cabezas de las altas cortes y con la fiscal sigue siendo armónica y fluida y respetuosa”, indicó.
Cuervo señaló que su papel dentro del Gobierno consiste precisamente en facilitar el diálogo entre las ramas del poder público y contribuir a la construcción de consensos, especialmente en momentos de polarización política. El ministro también recordó que recientemente participó en discusiones relacionadas con la jurisdicción agraria en el Congreso, donde ayudó a acercar posiciones entre distintas bancadas.
Debate por órdenes de captura y paz total
Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la controversia sobre la suspensión de órdenes de captura a integrantes del Clan del Golfo en el marco de la política de paz total del Gobierno. Cuervo explicó que la Fiscalía busca mayores garantías y pruebas sobre la voluntad de desmovilización de los integrantes de esas estructuras antes de proceder con la suspensión de las órdenes judiciales. “El problema es de aquí al 26 de junio porque la Fiscalía pide más evidencia de lo que exige la ley: voluntad de desmovilización”, detalló el ministro.
El funcionario precisó que situaciones similares ya ocurren con otros actores armados, como alias “Araña” y miembros del grupo Comuneros, cuyos procesos también contemplan beneficios condicionados dentro de las negociaciones de paz.
