Desmantelan presunta red criminal que operaba desde la Fiscalía para extorsionar a exnarcotraficantes
Un expediente judicial revelado por Semana ha destapado la presunta existencia de una sofisticada red criminal integrada por funcionarios de la Fiscalía y la Policía Nacional, que habría estado extorsionando sistemáticamente a exnarcotraficantes y sus familias mediante montajes procesales, interceptaciones irregulares y amenazas directas. La investigación, que tomó fuerza tras descubrirse indicios sobre la venta ilegal de expedientes en la dirección de Lavado de Activos de la Fiscalía, ha resultado en la captura de ocho personas, incluyendo funcionarios del CTI, miembros activos de la Policía, un exinvestigador, un exintegrante del Inpec y un supuesto abogado.
Modus operandi de la estructura criminal
Según los documentos judiciales, la red habría centrado sus operaciones en personas procesadas por lavado de activos, especialmente exnarcotraficantes que regresaron a Colombia tras cumplir condenas en el exterior, así como familiares señalados de actuar como testaferros. Durante allanamientos realizados, la Fiscalía encontró un documento manuscrito que detallaba meticulosamente el libreto que los implicados debían recitar a sus víctimas.
El texto instruía sobre cómo presentarse como intermediarios ante la Fiscalía y persuadir a los afectados de que existía una investigación avanzada que podría derivar en órdenes de captura inminentes. Este guion, según el ente acusador, constituía el primer paso de una estrategia diseñada específicamente para generar temor y vulnerabilidad psicológica en las víctimas.
Tras este acercamiento inicial, la red procedía con seguimientos físicos, toma de fotografías clandestinas, llamadas intimidatorias e interceptaciones telefónicas ilegales, incluso dirigidas a los abogados defensores de las víctimas. La Fiscalía logró establecer que algunos funcionarios habrían elaborado informes de policía judicial con datos completamente falsos para justificar solicitudes de interceptación, incluyendo números telefónicos de las víctimas y sus representantes legales bajo el argumento engañoso de que era necesario monitorear sus comunicaciones.
Casos específicos y montajes documentados
Entre las víctimas identificadas figura Juan Carlos Ramírez Taborda, conocido como alias Manicomio o el "piloto de la mafia", quien afirmó que regresar a Colombia constituyó "el peor error" de su vida. En declaraciones a Semana, denunció haber sido víctima de presiones constantes antes y después de cumplir una condena en Estados Unidos por narcotráfico.
Según su testimonio, un hombre que se presentó como abogado le entregó una memoria USB con información confidencial de su proceso judicial, incluyendo un organigrama donde aparecían familiares suyos presuntamente vinculados. A cambio de esta información, en un hotel cercano al búnker de la Fiscalía en Bogotá, se habrían entregado aproximadamente $300 millones de pesos.
El mismo intermediario, quien posteriormente se convirtió en testigo de la Fiscalía, también entregó en una servilleta el número de radicado del proceso que, según afirmó, contemplaba órdenes de captura pendientes. Las sumas exigidas por la red, según la investigación, podían alcanzar montos exorbitantes de hasta $1.000 millones de pesos, con un supuesto emisario fijando la tarifa y ofreciendo mostrar parte del expediente como prueba de la supuesta investigación en curso.
Intimidación y obstrucción a la justicia
De acuerdo con la Fiscalía, cuando los integrantes de la red supieron de las denuncias en su contra, intentaron activamente recuperar la evidencia comprometedora y ofrecieron devolver el dinero extorsionado, además de prometer "favores" específicos a los abogados involucrados. Las indagaciones también señalan que un alto funcionario de lavado de activos en la Dijín acudió personalmente a la URI donde se radicó la denuncia para intentar conocer el contenido del caso.
Al no obtener acceso autorizado, este funcionario habría ingresado ilegalmente al sistema informático de la Fiscalía para descargar el documento confidencial, hecho que se convirtió en un nuevo cargo penal dentro de la investigación. Otro implicado, según testimonios de testigos, habría ofrecido entre $50 y $100 millones de pesos a un asistente de fiscal para que "enredara" deliberadamente el proceso investigativo.
Además, este sujeto habría intimidado al funcionario mencionando la existencia de una "oficina de sicarios" operando en el sector de San Andresito, en Bogotá, aumentando así el nivel de amenaza y coerción ejercida sobre los servidores públicos que intentaban llevar adelante la investigación legítima.
